AGENCIAS, Madrid
La preocupación de los españoles por el desempleo no toca techo en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y sube un punto más en su último barómetro de diciembre, hasta una nueva cota histórica, ya que el 72,5% de los ciudadanos lo considera el principal problema.
Sólo se ha moderado la preocupación por los problemas de índole económica, que aunque continúan como la segunda inquietud ciudadana, mencionada por el 54,6%, ha bajado 3,5 puntos respecto al anterior barómetro. No obstante, la visión que los ciudadanos tienen sobre la situación económica continúa deteriorándose, ya que el 66,8% la califica como "mala" o "muy mala", y además un 46,6% pronostica que estará peor.
El muestreo se hizo entre los días 3 y el 10 de diciembre pasado, cuando se acababan de conocer los datos del desempleo de noviembre, un mes en el que el número de parados aumentó en 171.243 y la cifra de personas sin trabajo rondó los tres millones.
El barómetro de diciembre señala que tras el paro, los problemas económicos y el terrorismo, la inmigración es la siguiente preocupación de los encuestados, citada por el 19,5%, con lo que baja ocho décimas respecto al mes anterior. La inquietud por la vivienda sigue bajando, y se sitúa en quinto puesto, con un porcentaje del 15,5%, coincidiendo con la bajada de los tipos de interés y la caída de los precios.
"Reflexión" de Corbacho
En otro contexto, el Gobierno tiene previsto revisar este año la actual legislación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) para limitar la edad y las condiciones de las prejubilaciones, manifestó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en el Congreso.
Corbacho planteó la necesidad de una "reflexión" en esta materia, ante el elevado número de expedientes de regulación planteados por varias empresas españolas en los últimos meses para afrontar la actual crisis. Por este motivo, destacó la necesidad de que las empresas contemplen planes sociales y de recolocación de sus empleados, y avanzó que el Gobierno estudiará reponer las prestaciones percibidas por los trabajadores víctimas de un ERE en el caso de suspensión de contrato "cuando a posteriori se produzca otro expediente que origine la extinción del mismo".
En su comparecencia, Corbacho admitió que el compromiso del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 800 euros mensuales en 2012 le obligará a hacer aumentos muy superiores al 4% de este año en los próximos ejercicios.
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