CC y PP rechazan investigar Tebeto al dejar el PSC a Luengo en la comisión

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Casi tres horas de debate concluyeron ayer en el Parlamento con la negativa de los grupos que respaldan al Gobierno (CC y PP) a apoyar la creación de una comisión de investigación propuesta por la oposición socialista sobre el denominado "caso Tebeto". Por éste se conoce un expediente iniciado en 1982 sobre permisos de investigación y autorizaciones de explotación minera a la empresa Cabo Verde S.A., que ha terminado con una sentencia judicial por la que se condena a la Comunidad autónoma a abonar más de 92 millones de euros a la citada empresa.

Aunque todos los grupos manifestaron su intención de investigar todo lo relacionado con ese expediente, así como las personas implicadas, no hubo finalmente un acercamiento de posturas sobre el objeto de la investigación. Los socialistas aceptaron modificar la redacción de su texto para lograr el apoyo de nacionalistas y populares. Sin embargo, éstos mostraron su convencimiento de que el origen de todo este asunto se remonta a dos órdenes firmadas en 1993 por la Consejería de Industria, de la que la hoy diputada socialista Francisca Luengo fue secretaria general técnica en aquel momento y a quien acusan de ser máxima responsable de este caso. CC y PP pusieron como condición "sine qua non" que Luengo no formara parte de esa comisión de investigación, un hecho que los socialistas calificaron de veto y que, obviamente, no aceptaron.

Sobre las dos órdenes de 1993, el PSC recordó que ninguna está recurrida y que ambas centran, además, el argumento en el que basa su demanda el reclamante. El portavoz socialista en este debate, Manuel Fajardo, criticó en su intervención "la escandalosa pasividad con que se ha tramitado la defensa del interés público por parte del Gobierno" y lo conminó a defender las arcas autonómicas "y a no tener que satisfacer ni un euro a una empresa a la que, sin haber hecho una sola cata, le ha tocado una lotería de 92 millones de euros".

Además, insistió en que el Ejecutivo se ha puesto "en las tesis del reclamante", en vez de al lado de los intereses de la Comunidad autónoma. Esta afirmación la basó en el hecho de que durante el proceso judicial el Gobierno no aportó documentación para defenderse, ni una prueba pericial alternativa a la de la empresa, y tampoco solicitó vista ni sacó conclusiones.

"Testaferro" del PSC

En su turno, el diputado popular Miguel Cabrera Pérez-Camacho calificó este caso de trama "cocinada" por Luengo. Además, afirmó que "en las sentencias está claro que el desastre nace de las resoluciones de 1993". Se preguntó por qué los socialistas, que gobernaban en aquel entonces, dieron una autorización a Canterías de Arucas sin haber cancelado aún el permiso de investigación a Cabo Verde.

José Miguel Barragán, portavoz de CC, coincidió con Cabrera en que el origen de todo está en las órdenes de 1993, ninguna de las cuales ha sido recurrida, según defienden los socialistas. Barragán acusó a Luengo de haber sido la "testaferro" del PSC en aquel momento, una afirmación que la diputada calificó de "grave". En cualquier caso, el portavoz de CC consideró que todo este asunto fue un "cúmulo de errores administrativos" y se preguntó qué ocurrió para que se produjeran esos fallos.

Tal y como permite el reglamento de la Cámara, el Gobierno pidió la palabra en un momento del interminable debate. El consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, afirmó que el PSC hizo un "ejercicio de inteligencia" para confundir entre la "decisión sustantiva" (las órdenes de 1993) y la defensa procesal de la Comunidad autónoma. Recordó que los servicios jurídicos han presentado un recurso de casación contra los 92 millones de la sentencia del TSJC.

Al final, la votación resultó tal y como se esperaba, a pesar de la oferta de última hora del PSC para confeccionar una nueva redacción del texto de la comisión. Terminado el debate, José Miguel Barragán comentó que su grupo estudiará si presentar otra comisión diferente, y Manuel Fajardo puso de manifiesto su "sensación agridulce", porque, dijo, "sospecho que uno de los grupos sí estaba a favor de votar la investigación", en clara alusión a Coalición Canaria.