TACHI IZQUIERDO, Tenerife
Cinco monitoras que venían desempeñando sus funciones desde principios de la década de los 90 en diferentes materias formativas de las escuelas municipales de Santa Cruz tendrán que ser readmitidas, una vez que el ayuntamiento decidió rescindir su relación laboral en junio de 2007.
Una sentencia de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social número 4, ha dictaminado "la nulidad del despido", y condena al Organismo Autónomo de Cultura a su readmisión, así como al abono de 26,64, 40,18, y 59,74 euros diarios en función de cada uno de los casos de las cinco demandantes.
Carmen, Manuela, Ana Luisa, Miriam y Marta iniciaron hace un año y medio un periplo por los tribunales para reclamar sus derechos laborales, tras haber trabajado a través de sucesivos contratos durante más de 18 años para el ayuntamiento, en los que han asumido el desarrollo de diferentes materias culturales y educativas que consideran que "en la actualidad han desaparecido".
Además, estas trabajadoras, que forman parte de un grupo de once monitores que dejaron de trabajar el 30 de junio de 2007, indicaron que durante todo el proceso judicial "se han parado acciones con el objeto de negociar", y comentan que, "cuando se fijaba una fecha para el juicio, los responsables municipales rompían el acuerdo, hasta en cuatro ocasiones". Indican que uno de los inconvenientes por los que el consistorio no las quería contratar "era porque Intervención ponía pegas legales a los contratos, a lo que recurrimos, y una vez que ganamos judicialmente, han recurrido, contradiciéndose a sí mismos".
Además, señalan que "nos han engañado en todas las promesas que nos hicieron, porque si no se ejecutaría la sentencia".
Otra de las excusas "para no contratarnos era que la actividad no interesaba, cuando contaba con más de 1.000 alumnos y una listas de espera de hasta dos años, y era una propuesta que se costeaban los propios alumnos". En este sentido, señalan que con la llegada de Ángela Mena al área de Cultura "han desaparecido las escuelas municipales, echando por tierra el esfuerzo de tantos años de acción social en beneficio de la ciudad". Así, denuncian que Mena "ha cortado todo lo que es la Cultura hacia el ciudadano y un medio para expresar el arte". Según su punto de vista, la decisión de suprimir las escuelas "afecta a personas de todas las edades y condición social, que acudían al parque Viera y Clavijo, así como a los coros de los colegios, que han demandado que se reanuden porque participaban casi 800 niños".
Señalan que, a pesar de que el ayuntamiento ha presentado recurso de suplicación, "nos tienen que seguir pagando hasta que se resuelva judicialmente, quieran o no quieran que trabajemos en nuestros puestos".
Personal laboral
Además, indican que a raíz de este proceso "también se nos tendrá que reconocer que pasamos a formar parte del personal indefinido", pues explican que a raíz de la temporalidad de sus contratos, "se nos reconoció en el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura que teníamos los contratos de forma irregular, a raíz de su sucesión, un proceso que se debía completar por el ayuntamiento, y que ahora nosotros exigimos que se ejecute la sentencia; que se aplique la ley".
Esta situación se produjo en pleno cambio de grupo de gobierno, en las pasadas elecciones, "y lo que se nos dijo fue que se acababa el contrato y que Mena no asumía las decisiones de su antecesor en el cargo".
Precisamente, la concejala del área de Cultura, Ángela Mena, señaló ayer que si fuera su responsabilidad "contrataría" a estas monitoras, con el fin de potenciar la Cultura, pero puntualizó que se lo impedían "aspectos de carácter legal". Además, estas trabajadoras indicaron que Mena, que también es responsable del área de la Mujer, "y que dice que nos defien-de, nos ha dejado en la calle, a cin-co mujeres con nuestros derechos".
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