Un país de funcionarios

DOS CONOCEDORES de la Función Pública en España, ambos profesores de la UNED, consideran que en nuestro país no sobran empleados por cuenta del Estado. Al contrario: aseguran que el número de funcionarios, uno por cada 18 habitantes, está dentro de lo razonable y no supera los niveles europeos. Pero son los únicos que piensan así; al menos los únicos que he encontrado entre los muchos opinantes cuyo parecer he consultado. La mayoría estima que la existencia de más de dos millones y medio de funcionarios en España es una locura. Veamos algunas cifras.

De los dos millones y medio de personas que trabajan para alguna de las instancias del Estado, alrededor de 1.300.000 están contratadas por las comunidades autónomas. Los ayuntamientos, diputaciones provinciales -cabildos en el caso de Canarias- y otras entidades locales ocupan a algo más de medio millón, mientras que la Administración del Estado da trabajo a cerca de seiscientas mil almas. Quedan entre 150.000 y 200.000 funcionarios o empleados públicos flotando en una especie de éter que envuelve a todas estas administraciones, o adscritos a la nómina de alguna empresa pública. Como dato curioso, cabe citar que Andalucía tiene más funcionarios que Cataluña, Madrid y País Vasco juntas, pese que su población es sólo ligeramente superior a la mitad de la suma de estas tres autonomías. ¿Alguien ha hablado alguna vez del gran pesebre de votos socialistas? No, hombre; no. Eso no existe. Para redondear las singularidades del virreinato -o baronato, de barón- en el que Manuel Chaves manda desde hace la tira de tiempo, Andalucía ocupa el penúltimo lugar entre las comunidades autónomas atendiendo a los índices de bienestar social. No parece, por lo tanto, que el número de empleados públicos mejore la calidad de vida.

Sean pocos o muchos, lo más escalofriante es que el guarismo de señores -y señoras- currantes en la Administración pública ha crecido un 22 por ciento durante la última década. Aunque el personal al servicio de la Administración del Estado se ha reducido un 32 por ciento en este periodo, el crecimiento de los trabajadores de las autonomías ha compensado sobradamente la merma, pues ha aumentado un 92 por ciento en esos diez años. Motivo más que suficiente para que algunas voces, sobre todo del sector empresarial, digan desde hace tiempo que la situación del "funcionariado" merece un análisis profundo sobre las competencias de cada trabajador y de cada administración. Muchos se preguntan, por ejemplo, a qué se dedican los funcionarios de ministerios como Cultura o Sanidad, si todas sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Pregunta de Perogrullo, claro. En Cuba he visto hasta cinco personas en una oficina para hacer el trabajo de una sola, pues sería un inconveniente molesto para la propaganda progre que en un paraíso socialista no existiese el pleno empleo. Me pregunto cuántos parados adicionales habría en España si las administraciones públicas contratasen únicamente a las personas necesarias. Bien es verdad que en ese caso los funcionarios no podrían tener una hora para desayunarse a media mañana; es decir, tendrían que ir al trabajo desayunados desde su casa. Toda una crueldad.

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