Costas y laxismo

CONVIENE recordar de vez en cuando, por lo que afecta a las costas españolas, que de los ocho mil kilómetros de litoral que tenemos, el veinticuatro por ciento corresponde a playas y en torno a éstas convive el treinta y cinco por ciento de la población, cifra que puede triplicarse en época estival. Pero hay otro dato más preocupante que interesa a este panorama, y es que más del cuarenta por ciento de nuestras costas está urbanizado... cumpliendo, aunque parezca un disparate, una Ley de Costas del año 1969. Curiosa y extrañamente, si nos trasladamos a la actualidad a modo de comparación (las comparaciones a veces son necesarias), esa ley primaba la ganancia de terrenos al mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. Quiere decir esto que la clase política de entonces fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente desde 1983. Pero, sin duda y con la flexibilidad que hoy se solicita desde distintas instituciones, va a ser la Ley de Costas de 1988 la que va a evitar los excesos cometidos en el pasado por unos irresponsables y la que establece encima de la mesa normas para el futuro.

Nada nuevo vamos a escribir aquí si afirmamos que Canarias ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y que desembocaron en la redacción de la citada ley de 1969, tal era el destrozo casi diario del equilibrio natural del ecosistema y al que había que poner freno como fuera. En nuestro Archipiélago, la mayoría de las gentes ha escogido el espacio costero para vivir y debemos prestar atención al dato siguiente: de los mil trescientos kilómetros de litoral que tienen nuestras Islas, nada menos que el cuarenta por ciento se encuentra urbanizado y cuatro de cada cinco euros del producto interior proceden de este monocultivo. La tendencia ha sido denunciada por unos pocos y poco cumplida por muchos de los que han inflado sus cuentas corrientes. Las luces rojas se han encendido por culpa de la sobresaturación.

A los políticos responsables del tema poco les importa que Canarias, principal y preocupantemente, se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que nada tiene relación con la opulencia vivida hasta el momento. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca como se debiera y con la asiduidad pertinente. Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno. Da la impresión de que todos apuestan por cambiar las camas y no a la creación de zonas de ocio y esparcimiento. A pesar de los buenos oficios de los distintos Consejos Insulares de Aguas, los vertidos de residuos al mar continúan y ya es costumbre encontrarnos rodeados de caca mientras tomamos un baño. Lo que se expulsa desde los colectores urbanos va directamente a la costa, al menos en un ochenta por ciento sin utilización de un emisor marino, con lo cual los desechos tóxicos industriales quedan difuminados. Por otro lado, la creación de playas artificiales (en Canarias todo el mundo quiere ahora una playa artificial y un puerto deportivo -qué pena Garachico-) es una de las formas más destructivas de la vida marina. Si añadimos que existe una sobreexplotación pesquera, incluidas las jaulas, es fácil adivinar cómo puede terminar todo. Eso opinan los expertos en estos asuntos.

La Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General debe tener en cuenta que nuestro territorio, el canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava. De ahí que sería razonable un trabajo en común con la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), organismo que, precisamente por ser de aquí y conocer las cosas de aquí, puede orientarlos perfectamente y no llegar a una reproducción del asalto a Cho Vito o a una deseable aclaración sobre la situación de Las Teresitas. Es cuestión de hablar y de informarse. La ley, insistimos, hay que cumplirla. Pero existe, también, una interpretación que podría acercarse al laxismo.