EL DÍA, S/C de Tenerife
La Sección Quinta de la Audiencia provincial tinerfeña ha condenado a José Jonathan P.L. y a José Damián M.R. a cuatro años de prisión al considerarlos autores de un delito contra la salud pública. Asimismo, se condena a José Damián M.R. a seis meses más de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas de fuego.
Según consta en la sentencia, que ya es firme, "durante los primeros meses de 2006, funcionarios de la Policía Judicial de la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife tuvieron conocimiento de que en una vivienda de Finca La Multa se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes, siendo su morador actual el acusado José Damián M.R., aunque contaba con la ayuda de José Jonathan P.L., quien tenía como misión apostarse en la puerta de la citada casa y atender a los consumidores habituales que llegaban en busca de droga. José Damián M.R. le suministraba los estupefacientes al tiempo que vigilaba mediante un circuito cerrado de televisión cerrado que había instalado en la azotea de su casa".
El 3 de abril de 2006.- A las 19:15 del día 3 de abril de 2006, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraban realizando labores de vigilancia de la casa se percataron de que una persona adquiría droga de los dos acusados llegando a intervenirle dos bolas de cocaína preparadas como "crack". En la casa había una trampilla en una ventana, parecida a las que hay en las farmacias.
El 24 y el 26 de abril de 2006.- Los días 24 y 26 de abril de 2006, la Policía Judicial identificó a la salida a varias personas con drogas. Asimismo, se acusó de un presunto delito contra la salud pública a otro hombre que llegó a sentarse en el banquillo y que sólo había comprado droga, siendo absuelto por la Sala al entender que tal y como mantuvo su abogado, José Domingo Plasencia Siverio, no estaba relacionado con los hechos enjuiciados.
El día 10 de mayo de 2006.- El citado día se organizó una comisión judicial autorizada y tras dirigirse a la vivienda detuvieron a José Jonathan P.L., que se encontraba realizando labores de vigilancia. Se practicó una entrada y registro de dicha vivienda, para lo cual se requirió la colaboración de funcionarios de la UIP (Unidad de Intervención Policial) que no lograron derribar las puertas de la casa porque estaban blindadas.
Una casa como un búnker.- La entrada y registro realizada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la casa de Finca La Multa se llevó a cabo con ciertas dificultades, ya que las puertas de acceso a la vivienda estaban blindadas e incluso los agentes de la UIP no pudieron abrir tampoco las que daban a un patio, por lo que tuvieron que deslizarse hasta el patio a través de una azotea contigua para derribar con mazas las paredes de las habitaciones al encontrarse con esas fuertes medidas de seguridad que había instalado el acusado José Damián M.R. para garantizar la impunidad de sus actividades ilícitas, por lo que los efectivos de la UIP derribaron con mazas las paredes de las habitaciones. Además había tapiado todas las ventanas de la casa y llevó a cabo la instalación en la azotea de una cámara de TV que "barría" toda la calle. Dentro de la vivienda se encontraron 115,3 gramos de hachís, 21,07 gramos de cocaína, 19 ampollas de Atropina Braun, un bote con 19 gramos de bicarbonato para adulterar la droga, un ordenador portátil y 13.538 euros en efectivo.
Igualmente, en el transcurso del registro se intervino una escopeta de 908 gramos de un solo cañón y calibre 12/70 milímetros marca Sarrasqueta -es una escopeta de caza de un solo cañón y un solo tiro, en mal estado de conservación pero apta para hacer fuego-, junto con dos cartuchos de calibre 12 de diferentes marcas y otros dos cartuchos vacíos del mismo calibre, además de una canana de cuero, arma y munición que el acusado José Damián M.R. ocultaba en su vivienda careciendo de cualquier permiso ni licencia para la citada escopeta. El referido acusado salió de prisión bajo fianza el 1 de septiembre de 2006, mientras que el otro acusado se encuentra en prisión. Todos los abogados solicitaron la libre absolución para sus patrocinados. El dispositivo de vigilancia contó con más de ocho funcionarios de la Policía Judicial, aparte de los efectivos de la UIP.
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