Voluntad política y dotación presupuestaria

LA ACCIÓN POLÍTICA tiene dos fuentes de iniciación: una, la que resulta de los programas de los partidos, que si, realmente, fuesen democráticos, habrían de plantearse, sugerirse y aprobarse en semejantes formas y estilos democráticos. Y la otra, es la que emana de una trayectoria, más allá de las urnas, y que ha de tramitarse, con un control superior al de los partidos, a través de nuevas iniciativas o proposiciones, que han de guardar las reglas del juego parlamentario y con los límites de la Constitución, y, en su caso, de las comunidades autónomas.

Ahora, en las dos formas de manifestarse una voluntad política concreta -especialmente en la segunda-, por la naturaleza misma de cada una de ellas, han de estar presupuestariamente previstas. Bien, porque se disponga de fondos susceptibles de transferencias, o bien porque en la propia norma se doten en el presupuesto anual. Y aquí viene, con frecuencia, el engaño, el fracaso o la desviación de las voluntades políticas. Aunque pudiera ser técnica y popularmente bien aceptadas, y que fracasase lo que hiciera imposible su aplicación por falta de fondos. Recuerdo un supuesto en el "Antiguo Régimen", cuando la Ley General de Educación de 1970, de Villar Palasí, que supuso un cambio radical en el sistema educativo tradicional, inspirado en las más avanzadas corrientes educativas europeas, llevaba como complemento el rótulo de "y de financiamiento de la Reforma Educativa". El primer problema parlamentario planteado en las Cortes se produjo porque tal segunda parte necesitaba una comisión especial -la de Hacienda y Presupuestos- para que se discutiera tal financiamiento de la reforma. Y el segundo problema consistió en existir una enseñanza no estatal, es decir, de iniciativa privada, habiendo de contemplarse el costo de lo que en términos económicos se denomina "reestructuración de un sector": dimensión de las aulas, creación de laboratorios, espacios libres, cambio de profesorado, etc. Para esa "reforma", la ley misma establecía un plazo de realización de diez años. Sin embargo, los "conciertos" tardaron varios años, por falta de dotación. El régimen de ayudas hubo de obtenerse de capítulos extraordinarios del propio Ministerio. En resumen, que la eficacia, aplicación y desarrollo de una ley -modélica entonces- se vio muy limitada por no haberse previsto, o no poder hacerlo, en los presupuestos económicos.

He puesto un ejemplo, que acaso también fuese homologable a no pocas necesidades o experimentos educativos actuales. Pero los más vivos y preocupantes han estado en leyes recientes, que han tenido un alto sentido social, pero que al tiempo han resultado una frustración. Me refiero, sin ser exhaustivo, a las siguientes: la ley de dependencia familiar, tan aireada, encomendando su sostenimiento a las comunidades autónomas y ayuntamientos, junto a las dotaciones del Estado. Miles de peticiones que no han podido ser satisfechas. También, la ley de violencia de género, la cual, con independencia de defectos técnicos o discriminatorios, ha carecido de los soportes económicos para la prevención, protección y salvaguardia de la seguridad de la pareja y de los hijos.

Otros casos nuevos: la Agencia de Seguridad Aérea, creada en enero de 2008, que venía a rematar la reestructuración de la desaparecida Subsecretaría de Aviación Civil, en el extinto Ministerio del Aire. No pudo ponerse en marcha por falta de dotación presupuestaria, con lo cual instrumentos de control y seguridad aérea fuesen materiales o de inspección profesional, se han visto desbordados. Aena, por sí misma, ni con la función de gestión de aeropuertos y navegación aérea, no ha podido cubrir bien sus fines.

Otro puesto lo tenemos con la reciente Ley de Carrera Militar, creando la escala única. Norma discutida y discutible, en algunos aspectos positiva. Pero, precisamente, en las cuestiones de integración de oficiales, de diferentes escalas, que sería lo que Gonzalo Tamariz, en "Carta a la Subsecretaría de Defensa" (Abc, de 25-9-2008) denominaba "expectativas profesionales cuando se han invertido esfuerzo, sacrificio familia y tiempo y dinero", resulta realizable. Hay que crear cursos que son esenciales para la correcta y justa integración de oficiales. Parece que se ha pensado, de momento, eliminar el curso, pues implicaría un coste de 48 millones para los 4.751 oficiales, que se "horrorizan". Si fuese así, una ley que por sí misma ha provocado centenares de recursos contencioso-administrativos de los oficiales, preferentemente de la Armada, pero que a su vez permitía ciertas esperanzas de promoción profesional castrense, puede quedar en su no aplicación por falta de dotación presupuestaria, por no haber contemplado el costo de desplazamientos para quienes habrían de participar en los cursos de integración y de profesorado. Aunque la solución sobre la marcha parece incorporar a la Ley de Presupuestos, lo que no es técnicamente correcto, unas normas que suavicen los efectos drásticos de la ley.

Otro tanto cabría decir de ciertas iniciativas en la legislación de las comunidades autónomas, o de los ayuntamientos. Todo eso produce una frustración social y política que habría que evitarse. Al repasar información sobre las sugerencias de unas Canarias independientes, por más que me haya interesado, no he visto el menor asomo de reflexión sobre el costo del replanteamiento no ya autonómico sino "autónomo y libre". ¿De dónde, cómo y a cuánto ascendería para llegar, desde una situación actual de comunidad Autónoma -al margen de problemas de fondo o constitucionales- en el aspecto económico, hasta una "independencia"? ¿Qué fuentes de primer establecimiento y luego la de sus sentimientos? ¿Qué problemas económicos, lingüísticos, sociales, traerían consigo una financiación?

Pudiera ser, independientemente de la buena voluntad presunta de sus motivadores y de la opinión pública -lo que por sí llevaría un coste-, una frustración más de las que antes hemos aludido: si a la voluntad política no se acompañan dotaciones económicas presupuestarias fiables.

* Jurista. Académico