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L.G., S/C de La Palma
Desde el pasado 4 de diciembre se recalifican en el IES Alonso Pérez Díaz de la capital palmera las pruebas de las oposiciones de Educación Infantil realizadas por los maestros y maestras de la Isla. Este trabajo lo llevan a cabo las mismas personas que componían los tribunales asignados para La Palma en los que, en la primera corrección de julio de 2007, fueron detectadas "ciertas irregularidades", denunciadas por los propios aspirantes y posteriormente respaldadas tras la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de revisar las notas de los docentes que opositaron.
Un año y medio después de haber realizado los exámenes para acceder a una plaza fija en los centros educativos de las Islas, se está ejecutando la demanda que desde entonces solicita el sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias), que representa en La Palma a una veintena de maestras, las cuales exigen que las pruebas sean corregidas "bajo los criterios de justicia, legalidad y transparencia".
Este colectivo desconfía de la eficacia de los funcionarios de los tribunales de la Isla, los números 33 y 34, integrados por los mismos funcionarios que "no seleccionaron a los opositores de mejores notas", denuncian las profesoras en conflicto.
Según la Resolución de 3 de julio de 2008, a pesar de reconocer que los correctores cometieron irregularidades, "no hay causa legal o fuerza mayor debidamente acreditada para modificar la composición de los mismos", por lo que este grupo de maestras teme que se vuelva a producir la situación de la primera convocatoria, es decir, "que no se corrija de acuerdo a las bases establecidas, sino que se sigan otros criterios no fijados".
Esta veintena de enseñantes asegura que se sienten "amenazadas, inseguras, desconfiadas y desprotegidas ante las manifestaciones de determinados miembros del comité evaluador que afirman que las notas no sufrirán variaciones".
Las maestras de La Palma manifiestan que "los tribunales decidieron previamente al inicio de las pruebas y a la presentación de opositores el número de personas aprobadas por cada tribunal y la nota que habría de sacar cada opositor aprobado". A pesar de la sentencia y de las reiteradas quejas públicas, los componentes de las mesas de la Isla, advierte este colectivo, "no reconocerán la anulación e invalidez de las órdenes dadas a través de la Guía de Procedimientos".
Lucha hasta el final.- Como medida reivindicativa, este grupo de mujeres afectadas, que continúa en pie de guerra, envió recientemente una carta a la directora general de Personal en la que dejan constancia de sus quejas y reivindicaciones. En ella expresan que "hemos sufrido presiones por parte de algunos miembros que no reconocen el error cometido y que afirman que el proceso fue legal desde el principio".
En este escrito solicitan también que los exámenes sean revisados en base al temario oficial aprobado y no según la exposición de las experiencias personales diarias dentro de los centros, además de pedir que, al existir unos listados de opositores aprobados inicialmente con notas "reales", sean tenidos en cuenta a la hora de la recalificación.
Otra de sus peticiones es que se expongan las notas parciales para cada prueba, tanto las orales como las escritas. "Queremos que se nos dé una explicación clara y creíble de las notas obtenidas y del porqué de las mismas, sin andarse con rodeos ni tapaderas".
Igualdad de oportunidades.- Esta veintena de maestras exige poder contar con las mismas oportunidades que el resto de opositores de otras especialidades para pasar al concurso de méritos "sin presiones". El colectivo palmero afirma que había sido advertido de que, pese a tener los tres exámenes aprobados, la "nota ponderada" daba como resultado un suspenso, un hecho que califican con adjetivos como "insólito e incomprensible".
A pesar de que, a su juicio, han conseguido un importante avance en este conflicto, "no vamos a permitir que el tema caiga en el olvido porque nos sentimos engañadas y desilusionadas", dice la portavoz, Marta Guerra.
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