EFE, Managua
La oposición nicaragüense acusó ayer al presidente del país, Daniel Ortega, de dar un "golpe de Estado de hecho" al Parlamento por haber modificado mediante un decreto, sin aval de la cámara, el presupuesto nacional de 2008.
El líder opositor y diputado liberal Eduardo Montealegre declaró ayer al Canal 8 de la televisión que ese decreto infringe la Constitución y la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario.
Ortega reafirmó el decreto en un acto oficial celebrado en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, (centro del país), el sábado, en el que ordenó al ministro de Hacienda, Alberto Guevara incorporar en el Presupuesto las modificaciones que disponía.
La reforma contempla un incremento presupuestario de 605,5 millones de córdobas (30,5 millones de dólares) para distintas instituciones gubernamentales.
Según Montealegre, ex candidato a la Alcaldía de Managua, Ortega "demuestra una vez más su vocación de dictador" al modificar de ese modo el presupuesto del país.
En este caso, dijo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el sandinista René Núñez, debe citar a la directiva para convocar a reunión extraordinaria y que se discuta esa reforma del Presupuesto, pero además que se tramite la iniciativa de Ley opositora para declarar nulas las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado.
El primer secretario de la Asamblea Legislativa, el liberal Wilfredo Navarro, declaró a la prensa local que la decisión de Ortega es un "golpe de Estado de hecho" al Parlamento, porque asumió funciones de la Asamblea Legislativa.
"Este abuso golpea totalmente los cimientos de la democracia y de la institucionalidad; y todo lo que nazca de esto no tiene ninguna validez", sostuvo el legislador opositor.
A juicio del alcalde saliente de Managua, el sandinista Dionisio Marenco, el presidente debió agotar las posibilidades de convocar a reunión extraordinaria de la Cámara "para evitar problemas".
"Porque si no es legal la reforma, todo lo que se haga después va a ser ilegal", alertó Marenco, que, aunque militante sandinista, está distanciado políticamente de Ortega.
El edil advirtió que si no se sancionan legalmente esas reformas, los desembolsos o aportaciones externos se detendrán, aparte del perjuicio que supone para la ejecución presupuestaria.
Ortega justificó el sábado por la noche su decreto con el argumento que "algunos (donantes) han decidido cortarle la cooperación a Nicaragua" y acusó a una "minoría" de diputados de estar "bloqueando" y "paralizando la economía del país".
El Parlamento se mantiene inoperante desde las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado, consideradas válidas por el Gobierno y fraudulentas por la oposición, que se niega a crear pleno si no se tramita su iniciativa.
La Cámara cerró su período legislativo el pasado día 15 sin aprobar la concesión de 108 millones de dólares en préstamos, incluido uno por 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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