El Gobierno ignora a las Islas en la reforma de la Ley de Extranjería

DORY MERINO, Tenerife

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció, el pasado 2 de octubre, que el Gobierno central reformaría la Ley de Extranjería para "quitar algunas contradicciones en materia de reagrupación familiar", entre otras cuestiones, pero no ha recogido la petición del Gobierno canario sobre políticas de atención a los menores extranjeros que llegan en los cayucos.

De esta forma, el Gobierno central va a reformar la Ley de Extranjería con el fin de limitar la reagrupación de inmigrantes sólo a los cónyuges y a los hijos menores de 18 años. Hasta ahora, los inmigrantes podían reagrupar a sus cónyuges, hijos, padres y suegros. Una vez que estas personas obtenían su permiso de residencia, podían a su vez reagrupar a otros familiares.

Además, otro de los puntos a modificar es el período de retención de los inmigrantes, porque el Ejecutivo central considera insuficiente los 40 días que permanecen encerrados, mientras se realizan los trámites para su repatriación. Si en ese periodo de tiempo no se logra su deportación (por falta de documentación o porque sus países de origen se nieguen a reconocerles), quedan en libertad con una orden de expulsión imposible de ejecutar.

La Ley Orgánica 4/2000, que recoge la normativa en materia de extranjería, sufrió cuatro reformas en sus primeros tres años de vida. Desde el año 2003 no ha surgido ninguna modificación más, hasta la que se está planteando para los próximos meses, que, en opinión de Corbacho, "estamos obligados a poner en marcha para incorporar a ella una sentencia del Tribunal Constitucional", sobre la ampliación de derechos fundamentales de los inmigrantes, y "también unas directivas de la Unión Europea".

El Gobierno confía en que la reforma de la Ley de Extranjería pueda llegar al Congreso de los Diputados antes del mes de marzo, según explicó el 19 del presente mes Celestino Corbacho, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto de modificación del texto para su remisión a los órganos preceptivos correspondientes.

Corbacho explicó que, en relación con la reagrupación familiar, hay que distinguir entre el núcleo familiar y la familia "extensa".

El ministro puso como ejemplo que, en estos momentos, "al año de llegar una persona a España puede ejercer el derecho de reagrupación de los ascendientes, es decir, de los padres", pero, en opinión del ministro, "parece más razonable que ese derecho se ejer-za cuando ya se tiene la residencia permanente, al quinto año".

Corbacho precisó hace diez días que España cuenta con cuatro millones de tarjetas de residencia.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, ha valorado positivamente que se modifique la Ley de Extranjería y aprecia la capacidad del Ministro Corbacho a la hora de adaptar la regulación del fenómeno a la España de hoy en la que conviven demostraciones del fenómeno migratorio de distinta índole, "como es la inmigración regular, la irregular, sobre todo la que entra por aeropuertos de forma regular mediante visado, y después pasa a ser irregular administrativamente pasado un periodo, como de otro tipo de inmigración completamente diferente, que ya en Canarias venimos llamando como drama humano, como es la llegada de cayucos, o pateras en condiciones infrahumanas procedentes del continente africano" declaró.

Sin embargo, Rojas también puntualizó que en el proyecto de ley es necesario incluir ya, de forma firme y decidida la atención, acogimiento e integración de los niños que vienen en esas pateras y cayucos, una inmigración aún más cruel, que vulnera los derechos humanos ratificados por el Estado Español a través de los tratados internacionales.

"La cuestión de los niños africanos procedentes de la inmigración clandestina debe ser una cuestión de Estado, porque ya no se trata de una situación coyuntural, sino estructural, como así lo ha apuntado la Unión Europea".

Aunque en el último año ha descendido la llegada de cayucos y de inmigrantes adultos, sin embargo al alejarse los puertos de salida, las muertes han aumentado, y también el número de niños que vienen en cada cayuco, disminuyendo además su edad. Incluso a Fuerteventura llegó una patera con sólo un adulto y 16 niños, o más recientemente a Lanzarote otra con 32 personas de los cuales 27 eran niños, la mayoría de ellos de entre nueve y doce años.

"Otro apunte para el debate y la reflexión es que cuando un menor cumple la mayoría de edad después de estar tutelado por el Gobierno de Canarias, el Estado no garantiza que obtengan sus papeles de residencia, como indica la ley, y ése es otro motivo por el que hay modificar la normativa en materia de extranjería".

Diferentes perspectivas

En este sentido, Rojas insistió en que "es importante concebir la inmigración desde sus diferentes perspectivas" . La gran mayoría de personas que llegan a Canarias vienen para cubrir expectativas laborales. La desigualdad entre los mundos es sin duda la génesis de estos movimientos migratorios.

El importante crecimiento económico que han experimentado las Islas en las últimas décadas y el aumento del nivel de vida de la población canaria ha hecho atractivo el Archipiélago para personas de diferentes orígenes.

Entre estos trabajadores se encuentran aquellos que llegan con una situación administrativa legal, con un contrato de trabajo, o porque son descendientes de ciudadanos comunitarios.

Pero hay otras personas que entran de forma regular, por los aeropuertos, con un visado de turista y que después se quedan en el Archipiélago de forma irregular.

"Desde nuestro punto de vista, es necesario profundizar en la capacidad del Estado en detectar esta importante bolsa de inmigración irregular y ordenar los flujos, tanto en la entrada como en la permanencia en el territorio, porque esta coyuntura produce profundas desigualdades, ya que estas personas están abocadas a la economía sumergida con una altísima probabilidad de explotación laboral, o en última instancia, se incorporan a las redes de delincuencia o prostitución, en lo que hemos dado en llamar la explotación de la explotación" concluyó Rojas.