UNO DE LOS TEMAS que queremos compartir esta semana es aquel que tiene que ver con los motivos por los cuales los cabildos, diputaciones y consejos insulares han quedado fuera del Fondo Estatal de Inversión Local.
Tratándose de una iniciativa eminentemente dirigida a paliar el desempleo en el territorio nacional, no entendemos cómo se omite (deliberadamente o no, eso que decida cada uno) el criterio de nivel de desempleo y se opte por el nivel poblacional a la hora de repartir los fondos de inversión local.
La población es uno de los principales factores, sobre esto no hay dudas pero hoy no es el más apropiado para que se tenga en cuenta el reparto de los fondos para inversiones locales. Dada la situación por la que están pasando miles de familias de toda España, lo suyo sería haber tenido en cuenta otros aspectos más importantes y necesarios.
Por cierto, si alguno duda de la necesidad de tener en cuenta el nivel de desempleo les recordamos que a día de hoy, ronda ya el 13%, con la dramática cifra de casi tres millones de parados en toda España.
No entendemos entonces que un criterio como el del número de parados no sea el fundamental para arbitrar la distribución de un fondo estatal de inversión local que, como recoge el Real Decreto-Ley 9/2008, está destinado a financiar actuaciones urgentes generadoras de empleo.
Para que nos entendamos entre todos, esto se traduce en un lamentable ejercicio de desigualdades que van en detrimento de la ciudadanía a la cual se pretendía ayudar mediante el Real Decreto-Ley.
Gracias al criterio que han seguido a la hora de repartir estos fondos tan importantes, nos encontraremos con ayuntamientos que ni tan siquiera podrán presentar proyectos que estén acogidos al Fondo Estatal de Inversión Local (añadiendo el hecho del escaso margen que poseen para ello).
Si se tuviese en cuenta el nivel de desempleo, habría comunidades como es el caso de la canaria, que recibiría casi doscientos millones de euros más sobre los 359 asignados en su momento. La desproporcionalidad, y a la luz del objeto para el que ha sido proyectado este Fondo, es manifiestamente plausible.
No dudados que la ayuda sea oportuna, lo es. Pero lo cierto es que no responde a las necesidades de los ayuntamientos, y por lo tanto de los ciudadanos. Los ayuntamientos demandan hoy estabilidad financiera a largo plazo y esta iniciativa parece que se ha olvidado un poco de paliar el gravísimo problema del desempleo.
Además de lo dicho, consideramos que es erróneo que se excluya de estos Fondos Estatales a los órganos de coordinación municipal por excelencia, tales como los cabildos insulares, las diputaciones y los consejos insulares.
Estas entidades desempeñan unas labores de cooperación municipal fundamentales y, por lo tanto, son de gran utilidad en estos momentos en los que la prioridad es generar proyectos de creación de empleo de cara al mes de abril, tal y como recoge el real decreto-Ley.
Marginan a estas instituciones que tanto soporte brindan a sus respectivas comunidades y encima desoyen el consejo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que les pide que integren estos organismos, dotándoles de más competencias
Insistimos en que es un grave error no aprovechar las interesantes sinergias que, entre administraciones locales supramunicipales y estatales se podrían haber generado.
Limitar, por tanto, el papel de estas entidades a colaborar con la asistencia técnica que se precisa (según palabras de la delegada socialista del Gobierno en Canarias) es mutilar, aún más, la utilidad de este fondo estatal.
Lo suyo hubiera sido haber ejercido un papel más importante y decisivo en la gestión de los mismos, dotándolas de presupuestos provenientes de dichos fondos estatales de inversión local o de una partida extra.
Una vez más, el Gobierno socialista lo ha hecho mal a la hora de repartir, pero es que, encima, a este mal hacer hoy tenemos que añadir que ha permitido que 42 ayuntamientos gobernados por ANV tengan acceso a estos recursos, exactamente con una cuantía aproximada de 23 millones de euros en el reparto de dichos fondos. Es triste el hecho de pensar que aquellos que no condenan la muerte de sus conciudadanos sean los encargados ahora de elaborar proyectos para la mejora de su inserción laboral.
* Senador por la isla de Tenerife, vicepresidente 2º del cabildo Insular y consejero del área
de Sanidad y Relaciones
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