Ordenación de las cuencas hidrográficas

Se ha comentado en las últimas fechas, la posición de diputados populares en el Congreso de los Diputados, representantes de su partido en Murcia, los que -contrariando la propia del PP- votaron en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha, y que fueron sancionados con la penalización de 300 euros. La causa provino de que, en tales Estatutos, se marcó un plazo de finalización de lo que hoy es trasvase Tajo-Segura. Incluso la candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, y secretaria general del PP, Cospedal, estuvo en contra de dichos diputados.

Se ha dado una vez más el desorden, la conflictividad y la incoherencia de las posiciones socialistas-populares sobre el tema de la ordenación de los cauces hidrográficos de los ríos, y por tanto, de los trasvases, que resultan de competencia del Estado, según el artículo 149 de la Constitución. Todavía queda en el Tribunal Constitucional el conflicto de Extremadura, respecto de Andalucía, en cuanto al Guadalquivir y Guadiana. Y no hace mucho comentamos nosotros un auto del citado alto tribunal que no dio paso a la admisión de un recurso de inconstitucionalidad de la de Aragón, respecto a la Comunidad Valenciana, porque en el Estatuto de esta última se hacía una determinada adscripción de aguas del Ebro, contraria a lo previsto en el Estatuto de Aragón. El Tribunal Constitucional vino a confirmar la doctrina del artículo 149, y sin entrar en el tema de fondo, no dio la razón a Aragón por el aspecto formal de que una cosa son los "derechos" constitucionales y otras las "directrices", u "orientaciones" de los Estatutos. Total, que estamos sin saber exactamente cuál es la verdadera norma aplicable. Ya que -y es otro ejemplo- si por Real Decreto-Ley se autorizó un trasvase del Ebro a la ciudad de Barcelona, desde Tarragona, otro Real Decreto-ley hubo de derogar a aquel, porque la propia "naturaleza" -las lluvias- dejaron sin contenido el caudal de aguas a trasvasar. Dijimos entonces que la "naturaleza" había restablecido el contencioso Aragón-Cataluña sobre el Ebro. Esto se puede repetir en La Rioja, en Canarias, en Cantabria o en Galicia.

Todo, porque los populares habían aprobado en la última etapa de Aznar, y prácticamente consensuado, una Ley sobre el Plan Hidrológico Nacional, que había de entrar en vigor en 2004. Los socialistas hicieron, entonces, bandera electoral su política contraria de la regulación de los ríos y cauces intercomunitarios. Lo que en Aragón produjo efectos electorales positivos, para los socialistas, y en cambio enrareció en Murcia y Comunidad Valenciana para los populares.

La judicialización del tema no ayuda nada, no sólo a las comunidades autónomas, sino a toda España. En momentos de crisis económica, y necesidad de reajustes de inversiones y empleo, es vergonzoso que sigamos con estos signos de contradicción. Sin un plan general consensuado y que sirva a los intereses y necesidades de agua, en los diversos territorios -vieja aspiración de Joaquín Costa-, y que en el artículo 149.22 tiene declarado fundadamente. Se ha hecho el ridículo y se ha puesto en evidencia que las autonomías, por sí mismas, están constituyendo unos reinos de taifas que van en su propio desdoro. Desde luego no facilitan ni la unidad ni el desarrollo del pueblo español. Sigue faltando conciencia y visión democrática, en ambos partidos y en personas que por su trayectoria jurídica tendrían que comprender el sentido de la Constitución, como norma fundamental, de mayor calado que las estatutarias.

* Académico. Jurista