EFE, Bruselas
El escándalo desatado por las supuestas presiones al tribunal encargado del "caso Fortis" dio ayer el golpe de gracia a un Gobierno que mostraba claros signos de debilidad desde su puesta en marcha.
La dimisión del Ejecutivo en pleno se produce año y medio después de unas elecciones legislativas que abrieron una grave crisis política en el país y aumentaron la división entre las dos comunidades, flamenca y francófona.
Para ser efectiva la dimisión debe ser aceptada por el rey Alberto II, quien dejó anoche en suspenso su decisión, según un comunicado del Palacio Real. Tras recibir en audiencia a Leterme, el monarca inició de inmediato sus consultas, agrega la nota.
En cuanto a los problemas de Fortis, el principal grupo bancario y de seguros de Bélgica y el primer empleador privado del país, comenzaron en el verano de 2007, por su exposición a las hipotecas de "alto riesgo" en EEUU.
A ello se sumaron las dificultades para pagar su parte de ABN Amro -que adquirió a finales del año pasado, junto a Santander y Royal Bank of Scotland-, en un contexto de endurecimiento del crédito en los mercados globales.
En junio, Fortis acometió una ampliación de capital, una decisión que fue muy mal recibida por los mercados y precipitó el hundimiento bursátil de la entidad. Ante el inminente riesgo de quiebra, Bélgica, Holanda y Luxemburgo decidieron el 29 de septiembre la nacionalización parcial de la entidad. Posteriormente, a principios de octubre, Holanda adquirió todo el negocio del grupo en el país.
Por su parte, los gobiernos belga y luxemburgués nacionalizaron el resto de Fortis y acordaron vender al banco francés BNP Paribas el grueso del negocio bancario en Bélgica y Luxemburgo y los seguros en Bélgica.
Pero en respuesta a una demanda de un grupo de accionistas minoritarios descontentos por no haber sido consultados, un tribunal belga ordenó la semana pasada suspender las decisiones adoptadas en octubre y que culminaron con la división y venta de Fortis.
Tras el fallo, que supuso un varapalo para el Gobierno, empe-zaron a aparecer informaciones sobre las presiones ejercidas desde el Ejecutivo a los jueces encargados del caso. En un informe dado a conocer ayer, el presidente del Tribunal de Casación (la más alta instancia judicial del país) concluye que hay "serios indicios" de que el Gobierno trató de frenar un dictamen que no le resultara favorable. El primero en reaccionar a las acusaciones del alto tribunal fue el titular de Justicia, Jo Vandeurzen, que presentó su dimisión.
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