Del productor al consumidor

DE PEQUEÑO, cuando solía acompañar a mi madre al mercado capitalino los fines de semana, recuerdo la existencia de un solar contiguo, más o menos donde se alza ahora la presidencia de Gobierno, en el que desde la madrugada se apostaban numerosos camiones o camionetas cargadas de productos de la huerta recién cortados. Este tipo de venta directa personal era, en cierto modo, el embrión de los que hoy se conocen como mercadillos del agricultor; iniciativa llevada a cabo por diferentes municipios, que han sido desde siempre grandes proveedores de hortalizas a los núcleos más poblados, y que ahora, por la feroz competencia externa, se han visto en la necesidad de buscar una fórmula que mantenga la viabilidad económica de los hortelanos.

Visto así, es lógico que estemos de acuerdo con dicha fórmula, porque, entre otras razones, se persigue con ello eliminar la avariciosa presencia del intermediario; esa figura permanente que fue rimada por el inolvidable Nijota y cantada por Los Sabandeños, auténtico beneficiario del trabajo ajeno, que multiplica el precio del producto para luego ser finalmente cómplice junto con el detallista del exagerado incremento de los precios de venta al consumidor. Un aumento que tiene un margen medio (además del obtenido por el intermediario) en el supermercado del 30% y un 40%, hasta llegar en algunas ocasiones al 50%; aparte de que en las transacciones pueden incluir un reponedor del producto en las estanterías, pagado por el suministrador, y ciertas comisiones por cantidad vendida. Unos datos esgrimidos por el titular de la COAG-Canarias, Rafael Hernández, contrario a la postura de ASUICAN, asociación que aglutina los supermercados, que argumenta que el índice de beneficios es del 2% al 3% como media de todo lo que comercializan. ¿A quién creer, pues? Como consumidor, sin ninguna duda, al representante de los agricultores y ganaderos de Canarias, porque es algo absolutamente tangible que se percibe en la cesta de la compra y a desprecio de la mísera tasación que se le otorga al agricultor o ganadero, que es en definitiva el que realiza la labor más dura.

Dicho esto último de forma absolutamente personal, después de haber contrastado con alguno de ellos el precio que le pagan los mencionados asentadores o centrales lecheras.

Pero, volviendo un tanto al tema de los mercadillos del agricultor, conviene recordar que no todos observan un diferencial de precio a favor del consumidor, sino que hasta resultan en algunas ocasiones más onerosos que si compráramos en un comercio. ¿De qué han valido, entonces, el esfuerzo municipal y las ayudas públicas para su creación? Pues, sencillamente, de muy poco o nada, porque hay veces en que el alumno llega a superar al maestro en el arte del encarecimiento con cargo al comprador; con lo cual estamos igual o peor, si nos apuran.

Y ya que mencionamos los recargos intermedios del precio final de un producto al consumidor, me ha sorprendido escuchar las declaraciones del responsable de las bodegas Cumbres de Abona acerca del precio de venta de sus productos al minorista, que nunca superan los 2 ó 3 euros por botella, dependiendo de la calidad del vino. Pues bien, cualquiera de nosotros está más que harto de ver que en una carta de precios de cualquier restaurante, excepto en muy pocos, el incremento del precio por botella puede hasta quintuplicar el de origen; con lo cual es lógico que nos abstengamos de consumir vino autóctono y nos decidamos por ese extraño mejunje de granel de origen desconocido; o en el mejor de los casos pedir un rioja o cualquier otro vino de producción peninsular mucho más asequible al bolsillo. ¿Quién se perjudica aquí, en este caso? Evidentemente, el restaurador, por avaricioso, y el productor, que no encuentra salida a su añada al disminuir la demanda.

Expuestos estos dos ejemplos, recuerdo una afirmación reciente del cabeza visible del Ejecutivo canario en la que prometía un seguimiento y control estricto del incremento de precios al consumidor por encima de los márgenes comerciales. ¿Dónde están, pregunto, los límites de los mismos?

Está claro, que haya o no crisis, nadie está dispuesto a renunciar a nada para hacer la vida más llevadera al prójimo en un acto de simple solidaridad. No lo hace ni el político (verbigracia, nuestros parlamentarios autonómicos) con sus generosos emolumentos, pagados muchas veces sólo por el acto de cumplir la disciplina del partido y levantar la mano de vez en cuando, salvo honrosas excepciones; tampoco lo hace el constructor o el empresario que exige ayudas para la producción y venta de sus productos, y no digamos nada de la banca, que consigue apoyo y privacidad estatal con la inyección de dinero público y luego no revierte ese emolumento en ayudar a la pequeña y mediana empresa para contener la desbandada económica que se avecina; quienes, salvo nuestra caja de ahorros, no han establecido aún normas para ralentizar el pago de los créditos hipotecarios.

Por último, ¿han visto ustedes la testarudez de las petroleras a negarse a situar los precios acordes con el del barril de crudo? ¿Se han dado cuenta de cómo han equiparado el precio del gasoil, de menor costo de producción, al de la gasolina o incluso más caro aún? Sencillamente porque el parque automovilístico diesel ha aumentado respecto a éste y nadie, compañías y Estado, quiere perderse la ganancia y el sustancioso impuesto indirecto que pagamos por ello. En definitiva, y a pesar de las promesas vanas, sigue existiendo un abismo diferencial entre el precio en origen de un producto y el que llega al bolsillo del consumidor de a pie. Ser intermediario supone hoy tener el mejor oficio del mundo.

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