El PSC pide al Ejecutivo que informe sobre los recursos judiciales pendientes

NAIMA PÉREZ, Tenerife

El PSC continúa su lucha contra el proyecto de Ley de Medidas Urgentes sobre ordenación territorial y del turismo, cuya tramitación fue aprobada el miércoles por el Pleno del Parlamento con los votos a favor de nacionalistas y populares. El diputado socialista Manuel Fajardo pidió ayer al Gobierno que informe en la Cámara de cuántos conflictos judiciales tiene pendientes la Comunidad autónoma con particulares, que impliquen el pago de indemnizaciones.

Fajardo hizo este anuncio porque asegura que el Gobierno se ha aferrado a la "política del miedo" sobre el futuro pago de indemnizaciones pendientes para aprobar de forma urgente esta ley de ordenación territorial y dinamización del turismo.

El diputado del PSC explicó que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero "se ha ido agarrando" a tres justificaciones diferentes para sacar adelante el texto legal "con premura". La primera hace referencia a la necesidad de revitalizar el sector primario (agricultura y ganadería), "ante lo que nosotros propusimos que, para ese fin, era mejor hacer una ley específica para el sector agrícola y ganadero", dijo. "Desmontada esta excusa, nos vinieron con que querían revitalizar el sector turístico", prosiguió la explicación Manuel Fajardo. Éste apuntó que su grupo se reunió con representantes de todo el sector turístico y recogieron muchas críticas contra la ley, además de que no apoyaron que el texto saliera adelante sin el consenso de los socialistas. Asimismo, Fajardo criticó que el proyecto "pone en baratillo el suelo rústico", parafraseando al ex director de la Agencia Canaria contra el Cambio Climático, Faustino García.

Por último, añadió el diputado del PSC, "el Gobierno se aferró al miedo de las sentencias indemnizatorias que están pendientes". Aquí citó no sólo la de Tindaya (en casación) o Tebeto, sino dos más que condenan al Gobierno por falta de previsión sobre derechos adquiridos contenidos en la Ley de Directrices. Por ello, justificó su petición para que el Gobierno diga en la Cámara "cuántos recursos indemnizatorios tiene pendiente la Comunidad Autónoma".

Por último, Fajardo afirmó que el ofrecimiento de consenso lo ofreció su partido a cambio de retirar la ley y acusó a Rivero de practicar una política de "hechos consumados".