O. GLEZ/N. PÉREZ, Tenerife
El Parlamento continuará la tramitación del polémico proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la ordenación territorial y del turismo. Con los previsibles votos en contra de los grupos que sustentan al Gobierno (CC y PP), los socialistas no lograron devolver el texto al Ejecutivo ni colar su "gran pacto" por el territorio, una propuesta formulada al término de su intervención por el diputado Manuel Fajardo, portavoz en materia de Medio Ambiente, a cambio de que el Gabinete que preside Paulino Rivero retirara la ley para trabajarla mejor entre todos.
En su defensa del proyecto de ley, el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, aseguró una vez más que este texto no supone una ruptura con el marco legislativo actual, sino que persigue algunas reformas concretas que eliminen las trabas que dificultan el desarrollo económico y, como consecuencia, traen consigo el abandono progresivo del campo y la carencia de suelo industrial.
Berriel desgranó los aspectos más destacados de esta ley que contempla también la renovación de la planta alojativa obsoleta y defendió la urgencia de su aprobación, aunque finalmente el Gobierno haya renunciado, en pro del consenso con el PSC, al trámite de urgencia en el Parlamento.
El PSC salió a la tribuna a defender su enmienda a la totalidad que suponía la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. Manuel Fajardo aseguró que su grupo cree en muchos de los objetivos de la ley pero no en la oportunidad de aprobarla ahora, "deprisa y corriendo", cuando hace ya dos años que viene trabajándose en este documento.
Fajardo se preguntó por el significado de "urgente" que el Ejecutivo da a esta iniciativa legal. "¿Es abordar con premura asuntos estancados desde hace años por la inactividad de este Gobierno?", cuestionó. En este sentido, acusó a nacionalistas y populares de haber roto "las reglas del juego" que en materia de ordenación del territorio vienen aplicándose desde hace 15 años y que han supuesto la unanimidad de todos los grupos políticos. "Porque se trata de cuestiones que afectan a la calidad de vida de todos los canarios", justificó.
"Esta iniciativa no refleja la realidad, sino que la tergiversa, pues su contenido no se corresponde con los objetivos que dice perseguir", añadió el diputado socialista. Éste se lamentó de que se pierda una nueva oportunidad de demostrarles a los ciudadanos que sus representantes "no sólo se ponen de acuerdo para subirse el sueldo".
Por su parte, el presidente del Grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, remarcó que "difícilmente" ha habido "algo tan malinterpretado y carente de fundamento", en alusión a la enmienda a la totalidad presentada por el PSC-PSOE.
González insistió en que la norma que pretende aprobar el Gobierno afecta a temas muy trascendentes para Canarias y para su sector económico más importante, el turismo, y recordó que en materia de ordenación del territorio y ordenación turística "el Ejecutivo regional tiene las competencias exclusivas".
Además, apuntó que el Gobierno regional ha tenido en cuenta en la elaboración del proyecto de ley algunas de las alegaciones presentadas al texto y sostuvo que el Ejecutivo canario "quiere clarificar y simplificar los procesos administrativos territoriales". También señaló que se refuerzan las competencias de los ayuntamientos y la seguridad de los procesos, un argumento que aprovechó para rechazar las acusaciones de la oposición sobre que con esta norma se quiere incluir la discrecionalidad en la toma de las decisiones. "Me hubiese gustado que el PSC hubiese presentado un texto alternativo", sentenció.
En el misma línea se manifestó el diputado del Partido Popular (PP) Miguel Jorge Blanco, quien defendió la necesidad de la Ley para dinamizar ciertos sectores productivos, ante la crisis económica, con la implementación de medidas que flexibilicen la aplicación de las leyes territoriales.
Blanco abogó, además, por una reforma global de la legislación urbanística para, entre otros factores, agilizar la tramitación de los planeamientos urbanísticos y pidió que se frene el intervencionismo público ante las iniciativas privadas. Aseguró que esta normativa será "buena para todos" y remarcó que las leyes de ordenación del territorio deben nacer con "vocación de permanencia". El diputado popular reconoció que la norma es "mejorable", pero subrayó que con ella se inicia un camino "hacia el sentido común". Además, recordó que no se va a clasificar nuevo suelo urbanizable para uso turístico, aunque advirtió de que "tal vez mañana se nos acuse de ser los depredadores del territorio".
Consenso tardío
Al término del debate, el líder del Gobierno canario, Paulino Rivero, pidió la palabra para lamentar que no haya sido posible el consenso en esta primera fase. Sin embargo, lanzó un ofrecimiento a la oposición socialista de trabajar de forma conjunta las enmiendas parciales en el trámite parlamentario que ahora comienza. Rivero aseguró que en el Gobierno siguen pretendiendo tener en cuenta la opinión de todos los sectores implicados, además de la de las administraciones públicas como cabildos y ayuntamientos. Aceptó incluso usar el mes de febrero para celebrar reuniones entre los tres grupos parlamentarios.
En respuesta, el socialista Manuel Fajardo lamentó que esa oferta de consenso del presidente canario llegara ahora y no antes de aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. "Nuestro grupo no abdicará de sus obligaciones y en el trámite parlamentario tratará de mejorar el texto", afirmó el diputado socialista.
Por último, el consejero Domingo Berriel informó en los pasillos de la Cámara de que espera que en el plazo de un mes la ley vuelva al pleno, tras su discusión en ponencia y comisión, para su aprobación definitiva, aunque las fechas navideñas no ayudarán a esa celeridad.
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