Aniversarios

SEMANA de aniversarios con números redondos en nuestra agenda política y social: se empezó con las jornadas de puertas abiertas en Congreso y Senado para conmemorar los 30 años de la Constitución de 1978, y el miércoles 10 se celebró en todo el mundo el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dos efemérides estrechamente relacionadas entre sí, y muy presentes también en nuestra vida pública cotidiana, pues entre los proyectos del actual Gobierno figura en lugar destacado todo un programa de ingeniería social encaminado a hacer, esta vez de verdad, que a España no la reconozca ni la madre que la parió, por usar la célebre frase del socialista Alfonso Guerra allá por los años 70 del siglo pasado.

Más que cortinas de humo

No cabe duda de que, en las preocupaciones inmediatas de la gente, la crisis económica y financiera ocupa el primer lugar, y amenaza con permanecer en esta pole position durante al menos un año y medio o más: no han hecho más que empezar el desplome del empleo, la recesión económica que anuncia una temible depresión, la creciente intervención del poder político en la vida económica, el aumento inevitable de impuestos que permita financiar las ayudas estratosféricas que se acuerdan en Bruselas y Madrid (porque el dinero que manejan los Gobiernos acaba saliendo siempre del bolsillo de los contribuyentes), son indicadores inequívocos de que la estrella de este espectáculo penoso es, y va a seguir siendo, la economía.

Sin embargo, en esta semana el Gobierno y sus medios amigos han pisado el acelerador en materias que afectan al proyecto de revolución social y moral que alberga Rodríguez Zapatero: resurge otra vez el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido; el ministro de Sanidad presenta a bombo y platillos una campaña de promoción de la actividad sexual promiscua de adolescentes y jóvenes bajo el disfraz de recomendar que se haga con preservativo, y el Gobierno aprueba en el último Consejo de Ministros un plan de más de setenta medidas que llama de impulso y desarrollo de los derechos humanos, en la que figura el anuncio de una reforma de la Ley de Libertad Religiosa, cuyo primer efecto ha sido poner en guardia a los cristianos, católicos o no.

La reacción de la mayoría de observadores ante esta ofensiva en el terreno de las costumbres ha sido sospechar que se trata de una cortina de humo para distraer la atención del público de la crisis económica y los sacrificios que va a llevar consigo, y de las maniobras que el Gobierno quiere desarrollar en la opacidad, no sólo económicas, sino también en relación, por ejemplo, con el posible retorno de una negociación con la banda de asesinos ETA. Me parece que esta interpretación sólo es cierta en parte: es muy probable que, en efecto, estemos ante una cortina de humo; pero también es verdad que el proyecto totalitario de ingeniería social está en la agenda de Rodríguez, y que las circunstancias actuales hacen recomendable para sus fines el intensificar precisamente ahora la propaganda en este sentido. Maniobra de distracción, ciertamente, pero todo apunta a que es, al mismo tiempo, mucho más que eso.

Derechos Humanos

El sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido aprovechado por los grupos de presión internacionales, que infectan las agencias de la ONU hasta el tuétano, para abrir el melón de su reforma, con el pretexto de lo que llaman ampliar derechos. Así, es considerable el esfuerzo que desarrollan estos lobbies para introducir un presunto derecho al aborto y a la eutanasia en la Declaración, lo que obliga a dar por inexistentes las víctimas reales de esos "derechos" imaginarios, los individuos humanos en trance de nacer, los enfermos en fase terminal, los gravemente discapacitados, los enfermos crónicos que gastan grandes cantidades de dinero de la Sanidad pública, las mismas madres que, tras abortar, experimentan un quebranto psicológico que les acompañará toda su vida, etcétera.

El alcance de esta intensa ofensiva es largo y profundo: si prosperase y, finalmente, se modificase en este sentido la Declaración, automáticamente se convertirían en nulas todas las leyes protectoras de la vida y la integridad física y moral que entorpecieran el ejercicio de esos nuevos "derechos", y no valdría ya ni siquiera la objeción de conciencia de quienes no quisieran participar en prácticas abortivas o eutanásicas o a verse envueltos de cualquier forma en ellas: médicos, enfermeras, jueces, otros funcionarios públicos, hospitales privados o incluso confesionales, se verían forzados a participar en esas prácticas bajo pena de cierre, pérdida de empleo, multa o incluso cárcel, según las nuevas legislaciones que se estableciesen.

El Gobierno español está metido de hoz y coz en esta trinchera de la muerte, y prácticamente no encuentra más obstáculo significativo que la oposición cerrada de algunas confesiones religiosas entre las que destaca -aquí, en otros países y en la misma ONU- la Iglesia católica. Por eso no es de extrañar la ofensiva contra la religión en general y la Iglesia católica en particular que es perfectamente perceptible en todo Occidente.

La batalla cultural y religiosa es de fondo: afecta directamente al fundamento mismo de la Declaración de los Derechos Humanos, que nunca se explicitó con tal de favorecer la adhesión del mayor número de países cuando se aprobó, pero que irremediablemente ha de residenciarse en una autoridad superior a los hombres. En efecto, si los derechos humanos son inherentes a todo individuo por el hecho de pertenecer a la familia humana, la Declaración no los establece, sino que los reconoce como preeexistentes; y eso conduce necesariamente a la divinidad, sea cual sea su denominación. Por eso mismo no es inocente, ni forma parte de ninguna política "tolerante", la desaparición de toda alusión religiosa a las fiestas de Navidad en los espacios públicos.