Sólo un 15% de las entidades canarias tiene consejero de seguridad

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La mayoría de las empresas y entidades públicas de las Islas incumple el real decreto que obliga a contar con la figura del consejero de seguridad para las operaciones de transporte y carga y descarga de mercancías peligrosas, que incluyen residuos contaminantes, productos fitosanitarios o químicos. La asociación que agrupa en Canarias a estos profesionales calcula que escasamente un 15% de las empresas y organismos dependientes de la Administración pública que se dedican a estas tareas disponen de un consejero de seguridad.

La lista de incumplidores es extensa, e incluye desde empresas de transporte, laboratorios fotográficos, centros comerciales y hoteles hasta residencias de ancianos, piscinas municipales, hospitales o la propia Universidad de La Laguna, que hace uso de este tipo de productos en facultades como Medicina, Química, Farmacia o Bellas Artes.

"Todo el mundo echa balones fuera", asegura Ángel Torres, secretario y vicepresidente de la Asociación Canaria de Consejeros de Seguridad, quien también lamenta la inacción de la Administración, encargada de inspeccionar y sancionar. "Sólo actúa el Seprona", dice. Según Torres, las empresas y organismos públicos sólo recurren a estos profesionales como "apagafuegos", después de ser sancionados.

Las razones que suelen argüir estos colectivos para no cumplir con esta disposición legal están relacionadas con motivos económicos, pero, según el vicepresidente de la asociación, el coste de disponer de un consejero de seguridad "no resulta lesivo para nadie". De hecho, la ley no obliga a tener a este profesional en plantilla, sino que se le puede contratar a través de la propia asociación, lo que genera un gasto menos cuantioso. En cualquier caso, recuerda Ángel Torres, "la seguridad debe primar por encima de todo" y los motivos económicos no pueden ser una excusa.

El real decreto 1566/99 establece que "las empresas que transporten mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable o que sean responsables de las operaciones de carga o descarga vinculadas a dicho transporte deberán designar, en función del modo de transporte y de las mercancías transportadas, al menos a un consejero de seguridad encargado de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente inherentes a dichas actividades". En la consideración de empresas, la norma incluye también "cualquier organismo dependiente de la Administración pública".

Piscinas municipales

Como ejemplo del grado de vulneración de este decreto, Ángel Torres menciona que sólo una de las empresas de chatarra que operan en Tenerife cuenta con un consejero de seguridad. Tampoco cumple, asevera, ninguna piscina municipal, pese a que cuentan con depósitos de propano para calentar el agua.

Para incentivar la contratación de consejeros de seguridad, la asociación propone que en los concursos públicos se premie con una mayor puntuación a las empresas que dispongan de esta figura.

La Asociación Canaria de Consejeros de Seguridad está formalmente constituida desde hace dos años, aunque funciona desde 1995, y agrupa a aproximadamente setenta de estos profesionales que ejercen su labor en todas las islas.