EL DÍA, La Orotava
El concejal de IU-LV en La Orotava, Francisco Baute, pidió ayer la "inhabilitación política" de los responsables de Patrimonio a escala insular y local tras la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a la reconstrucción de la vivienda 26 de la calle Nicandro González Borges, una de las afectadas por el denominado "caso Atlante". Para este edil, licenciado en Derecho, la resolución "supone una desautorización en toda regla a los gobiernos del Cabildo y consistorio, al consejero y al concejal responsable de Patrimonio y al propio equipo redactor del Plan Especial del Casco villero", que excluyó este bien del catálogo de viviendas a proteger.
Baute denuncia la "falta de rigor y celo con la que han actuado estos dirigentes y técnicos en la custodia y salvaguarda de las competencias que tienen atribuidas. Esta descarada e inadmisible inhibición ha vuelto a ponerse al descubierto por parte de los Tribunales, que, una vez más y a instancia y requerimiento de los colectivos sociales, han dejado claro que no se ha actuado conforme a la legalidad en la defensa y protección del patrimonio".
A su juicio, resulta "lamentable y sospechosa la pasividad manifestada por el Cabildo en este caso, sobre todo en lo relativo a la protección de este inmueble. Conviene recordar -asegura- que en su momento se impuso a la empresa constructora una multa (que desconocemos si se ha hecho efectiva), pero no se le obligó a la reparación del daño causado, contraviniendo así el artículo 100 de la Ley de Patrimonio".
La coalición entiende que la exclusión de la casa 26 dentro del catálogo del Plan Especial "constituye un hecho escandaloso que demuestra la mala fe con la que ha venido actuando y actúa el grupo de gobierno, dadas las pruebas de su valor patrimonial". "En el último Consejo Municipal de Patrimonio, el equipo redactor, ante el silencio cómplice del concejal responsable, Narciso Pérez, justificó esta ofensiva y grave ausencia alegando que no estaba claro que el sentido de la sentencia dictada con anterioridad fuera el de la obligación de reconstruir. Esperamos que la contundencia de esta resolución y el contenido claro y taxativo de este nuevo fallo judicial disipe interpretaciones que sólo buscan el mantenimiento de tesis inadmisibles que atentan contra el patrimonio".
IUC-Los Verdes cree que "la desautorización absoluta que encierra esta nueva sentencia conllevaría o habría de tener como consecuencia una inhabilitación total de los responsables patrimoniales de ambas instituciones, así como de los técnicos o del equipo redactor que han seguido de forma ciega los dictados y los encargos interesados de los responsables públicos, ya que todos ellos se han revelado ineficaces para la gestión de la competencia fundamental y básica que tienen atribuida: la protección del patrimonio".
Baute también critica que el alcalde no le haya respondido a su petición por escrito de ampliación del plazo del Plan Especial.
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