El Gobierno reformará quince leyes para lograr una Justicia "más moderna"

EFE, Madrid

El proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, prevé la modificación de quince leyes para conseguir una Justicia "más ágil y más moderna", en línea con las necesidades de una sociedad avanzada.

Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Ejecutivo, en la que se dio el visto bueno a un amplio paquete de medidas cuyo principal objetivo es "facilitar a los jueces el desempeño de su tarea" y que puedan "concentrarse en juzgar y ejecutar lo juzgado".

Para ello, el proyecto amplía las competencias del secretario judicial, a quien Fernández de la Vega definió como "el aliado imprescindible de los jueces", que entre otras cosas asume facultades para la admisión de demandas, salvo en la jurisdicción penal.

En este caso, dada la importancia de los derechos del justiciable que se pueden ver afectados, el Gobierno consideró aconsejable el conocimiento de los asuntos penales desde el primer momento por el juez.

Procuradores

El proyecto de ley de reforma de la legislación procesal también potencia la figura de los procuradores, que ahora podrán realizar labores de comunicación de las resoluciones judiciales que antes eran exclusivas de los juzgados.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo también recalcó que esta reforma introduce plenamente las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, extiende el uso de internet, generaliza la grabación de las vistas y juicios en todas las jurisdicciones y prevé la incorporación de la firma electrónica para dar más garantías a los ciudadanos.

Otra novedad

Otra de las novedades es que varía la cuantía de los asuntos que pueden ventilarse a través del proceso monitorio, de tal forma que se eleva de 30.000 a 150.000 euros el importe máximo de las cantidades adeudadas, cuyo pago puede reclamarse por este procedimiento que no exige abogado ni procurador y sólo requiere que la deuda esté vencida y se acompañe de documentación que lo acredite.

"Esta reforma viene a sumarse a muchas otras actuaciones que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos cuatro años y medio, todas encaminadas a que la Justicia resulte más ágil, más moderna, más en línea con las demandas y necesidades de una sociedad avanzada como es la española", indicó De la Vega.