COLPISA, Madrid
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, reclamó ayer al Tribunal Supremo (TS) que ordene disolver los 125 grupos que ANV tiene en otros tantos ayuntamientos del País Vasco y Navarra y en las Juntas Generales de Álava y Vizcaya, y que tome las medidas precisas para que ninguno de estos más de 400 concejales y junteros reciban a partir de ahora ni un solo euro en concepto de ayudas públicas o subvenciones.
Los servicios jurídicos del Estado, en sendos escritos, reclaman la inmediata y total ejecución de las sentencias de 22 de septiembre por las que ilegalizó a ANV y PCTV tras declarar probado que ambos partidos pusieron su infraestructura, bienes y representación a disposición de la proscrita Batasuna para favorecer los intereses y los objetivos del "frente institucional" de ETA.
El TS, con la parte dispositiva de la propia sentencia, ya ejecutó hace tres meses la consecuencia fundamental de las ilegalizaciones, como fue la disolución de los partidos, el cese inmediato de todas sus actividades, la cancelación de las inscripciones del registro de partidos y el embargo preventivo de todos los bienes y subvenciones pendientes de ambos partidos.
Ahora, el Gobierno pretende ejecutar los tres principales aspectos pendientes del fallo: la disolución de los grupos de ambas formaciones, el inicio del proceso de liquidación de todos los bienes embargados y los que se puedan localizar, y la notificación de la sentencia a todas las juntas electorales, para prevenir que los partidos ilegalizados o sus sustitutos traten de concurrir en fraude de ley a futuros comicios.
La petición de la Abogacía, que en los próximos días puede verse secundada por otra muy similar de la Fiscalía, obligará a reunirse en breve a la Sala Especial del TS para dictar los autos que ordenen a ayuntamientos y diputaciones la disolución de los grupos de ANV. El Gobierno, en los mismos escritos, también reclama al alto tribunal la disolución del grupo de PCTV en el Parlamento vasco, pero es muy probable que no haya tiempo material para ejecutar esta orden, ya que la cámara de Vitoria se disolverá en enero para que se puedan celebrar elecciones autonómicas en marzo.
Desbaratar los trucos
El Ejecutivo pide al TS que cuando disuelva los grupos municipales no permita el paso de los ediles elegidos en las listas de ANV al grupo mixto, sino que ordene que todos ellos queden en situación de concejales "no adscritos". La distinción es muy importante porque los miembros de los grupos mixtos reciben, aunque sea a título personal, ayudas municipales al funcionamiento del grupo, pero los ediles no adscritos no tienen derecho a fondo alguno.
Los servicios jurídicos del Estado, con esta matización, salen al paso de las maniobras detectadas ya en varios ayuntamientos vascos y navarros, en los que ANV, para anticiparse a la previsible orden del TS, ha disuelto por decisión propia el grupo parlamentario y ha incluido a todos sus ediles en el grupo mixto como forma de garantizarse el cobro de subvenciones.
El escrito pide al Supremo que ordene la disolución de todos los grupos de ANV y la salida de estos ediles del grupo mixto si es que en algún consistorio ya habían cambiado su adscripción.
Por si hubiese quedado duda alguna sobre el objetivo de sus peticiones, el Gobierno solicita al alto tribunal que, junto con la orden de disolución, comunique a las autoridades autonómicas, forales y municipales que "cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".
La medida afectará a 43 ayuntamientos en la provincia de Guipúzcoa, 38 en Vizcaya, 10 en Álava y 34 en Navarra, de los que ANV ocupa la alcaldía en 42, en 24 con mayoría absoluta.
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