El Cabildo pide al Parlamento que no evite el derribo de los hoteles ilegales

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Dirigentes del Cabildo insular y varios miembros del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote se entrevistaron ayer con el presidente del Parlamento, Antonio Castro, con el objetivo de hacerle llegar a la Mesa de la Cámara, y en consecuencia a los diferentes partidos políticos, su petición de un compromiso que evite la aprobación de una ley que impida la ejecución de las sentencias de demolición de 22 hoteles construidos en la Isla infringiendo el Plan Insular de Ordenación Territorial.

Hasta ahora, el Cabildo de Lanzarote, en palabras de su presidenta, Manuela Armas, "ha estado completamente solo en este asunto de los hoteles, ya que el Gobierno de Canarias parece que tiene ceguera selectiva para las ilegalidades urbanísticas, porque de 500 expedientes abiertos que tiene la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) en la Isla, ninguno afecta a un complejo hotelero". Por este motivo, tanto la Corporación insular como los integrantes del gabinete científico han apelado al Parlamento y no al Gobierno de Canarias.

"Llamamos a la conciencia individual de cada parlamentario porque deben saber que la Reserva de la Biosfera se juega muchísimo con este asunto", explicó Faustino García Márquez como miembro del gabinete, que aprovechó para recordar que hasta ahora los contactos con el Gobierno no han sido positivos "porque se reúne con los infractores y pretenden sentar en la misma mesa a los defensores de la ley en un mismo nivel, y eso no puede ser".

Antonio Castro recibió ayer un informe exhaustivo para darles traslado a los diputados en el que se explica el caso de cada uno de los 22 hoteles que actualmente tienen orden de demolición.

"Se trata de que conozcan todos los casos y vean que son muy diferentes entre sí y que, por lo tanto, las soluciones tienen que ser diferentes, pero siempre haciendo prevalecer el cumplimiento de la ley", señaló Márquez, que recordó que unos vulneran la ley por pequeñas infracciones y otros por numerosas ilegalidades.

En total se trata de 10.000 plazas alojativas irregulares que en cualquier caso, y según Márquez, "necesitan la modificación del planeamiento insular para poderse legalizar, y, por lo tanto, de una colaboración abierta por parte del Parlamento de Canarias, que debe participar de forma activa no adoptando medidas que puedan frenar el cumplimiento de estas sentencias".

En concreto, lo que el Cabildo y el Gabinete Científico pretenden es que la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes permita el carácter vinculante de los informes de compatibilidad del plan insular sobre los planes insulares que no se han adaptado, "porque si esto no se cambia, el Gobierno podría saltárselo y aprobar cualquier cosa", explica Márquez.

El segundo compromiso solicitado es que el Parlamento no aprobará una amnistía general para estas instalaciones hoteleras construidas ilegalmente, "porque de esta manera -explica Márquez- se echaría por la borda todo el trabajo hecho hasta ahora por el Cabildo de Lanzarote".