La ley que agiliza los desahucios y el cobro de impagados llega al Congreso

AGENCIAS, Madrid

El Consejo de Ministros envió ayer al Congreso la norma que busca impulsar el alquiler de viviendas con nuevos supuestos para rescindir los contratos y con el recorte y abaratamiento de los procesos de desahucio de inquilinos morosos y reclamación de cantidades impagadas.

El proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y Eficiencia Energética de los Edificios, que reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal, permitirá una mayor seguridad jurídica a los propietarios y más "protección a los inquilinos de buena fe", destacó la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La iniciativa legislativa, que recuerda que sólo el 11% de las viviendas españolas se dedican al alquiler, frente al 40% de media en Europa, agilizará fundamentalmente los trámites judiciales que debe afrontar el propietario de una vivienda para desahuciar a un inquilino moroso y cobrar las rentas pendientes; un proceso que hasta ahora podía durar entre 9 y 18 meses y que supone un gasto mínimo en asesores jurídicos de entre 2.000 y 3.000 euros, según el sector.

La ministra de Vivienda destacó que todas las reclamaciones de desahucio y rentas -que hasta ahora se resolvían mayoritariamente en juicios ordinarios- podrán solventarse a través de juicios verbales, un "procedimiento más rápido y sencillo", dado que en muchos casos no requieren la presencia de abogado ni procurador. La sentencia de desahucio del juez será título suficiente para la ejecución directa del desahucio, de manera que ya no será necesario iniciar un nuevo procedimiento, como ocurría hasta ahora.

Además, la sentencia sobre reclamaciones de rentas atrasadas incluirá no sólo las que se hubieran dejado de pagar con anterioridad a que el arrendador presente la demanda, sino también con posterioridad, evitando así al propietario un nuevo juicio, como ocurre ahora. La reforma de la ley reducirá de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador exige vía requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en el que puede presentar demanda; un acto que podrá evitar el inquilino si paga las mensualidades atrasadas del período.

El texto legal iniciará su andadura parlamentaria también permite que los propietarios puedan rescindir el contrato de alquiler, que tienen una duración de 5 años, en el caso de que necesite ocupar la vivienda no sólo para uso propio, como ocurría hasta ahora, sino por sus padres o hijos. Para tener derecho a ello, se exigirá que se haya incluido esa posibilidad expresamente en el contrato.

PLAN DE VIVIENDA

34.000 millones para préstamos

El nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que nace con una inversión de 10.188 millones, el 49% más que el anterior, movilizará 34.000 millones para préstamos, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. El plan, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, que se destinarán a permitir el acceso a los ciudadanos a viviendas en compra y, especialmente, en alquiler, promover la urbanización de suelo para viviendas protegidas (VPO) y mejorar actual parque de inmuebles. Además, amplía el ámbito de las ayudas para atender a las familias de rentas medias, de forma que se extiende la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de 4.000 euros a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales (4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-).

El alquiler es una de las líneas estratégicas del plan, de forma que hasta el 40% de las nuevas VPO podrán ser arrendadas (unos 100.000 inmuebles), a las que habrá que sumar otras 70.000 tras su rehabilitación. Nace la figura del alquiler con opción de compra, mediante la que se podrán arrendar las viviendas durante 10 años, tras los que el inquilino podrá comprarla con un descuento del 30% de los pagos por el alquiler. Para aumentar el parque de viviendas protegidas en alquiler se establecen subvenciones de hasta 410 euros por metro cuadrado útil, ayuda que podrá ser percibida para las viviendas libres no vendidas recalificadas como VPO para alquiler.