El líder de la oposición denuncia una encerrona para echarlo de la política

EFE, Caracas

El dirigente opositor venezolano Manuel Rosales denunció ayer una encerrona para echarlo de la política tras acudir a la Fiscalía para ser informado del proceso que se sigue contra él por presuntas irregularidades entre 2002 y 2004 cuando fue gobernador del estado Zulia.

"Es una cayapa (encerrona) para sacarme del mundo político utilizando mentiras y falsedades con la intención de crear un ambiente de desconcierto, pero no tengo nada que temer porque mis cuentas y mi trayectoria política están claras", dijo Manuel Rosales a la prensa.

Tras las elecciones del 25 de noviembre pasado, Rosales, líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), es alcalde de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, del que fue gobernador hasta ese momento, y la segunda ciudad más poblada e importante de Venezuela.

"Lo de hoy es un caso que se empezó a investigar en 2004, en el que se revisó todo lo que se tenía que revisar y fue archivado porque no se encontró nada en mi contra. Pero de manera sospechosa ordenaron desde arriba la reapertura del expediente", añadió Rosales.

Según los defensores del dirigente opositor, la orden de reabrir el caso se dio hace un mes cuando en plena campaña electoral para las elecciones regionales y municipales el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que Rosales debería estar en la cárcel por "mafioso".

Rosales explicó que su comparecencia de ayer ante la Fiscalía tenía como único propósito conocer "los elementos de fondo por los que se me está investigando".

El recién elegido alcalde de Maracaibo señaló que el proceso es una muestra de que el presidente venezolano y quienes le acompañan en el poder "están en una postura de prepotencia, de todopoderosos, que les impide recibir este mensaje del pueblo, que pide el fin de la violencia y de esta guerra, y que espera vivir en libertad y con justicia social".

El líder del partido opositor UNT tiene abiertos otros expedientes en la Fiscalía relacionados con la presunta posesión de bienes muebles e inmuebles en Venezuela y Estados Unidos que no se justificarían con su nivel de ingresos.