EL DÍA, La Orotava
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en una sentencia del pasado 24 de noviembre, ha rechazado el recurso presentado por la empresa de construcción Pejomar y ha ratificado el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que obligaba a reponer el daño causado en la casa número 26 de la calle Nicandro González, de La Orotava, una de las afectadas por el célebre "caso Atlante". En línea con lo ocurrido hasta ahora, se trata de un nuevo triunfo vecinal.
La sala confirma que la demolición de la cubierta de ese inmueble, dada su ubicación y valor patrimonial, fue ilegal, tal y como ha sostenido desde el principio la coordinadora ecologista El Rincón y el Movimiento Vecinal Atlante.
La decisión no sólo vuelve a arremeter contra las tesis del gobierno orotavense (CC), sino contra las del Cabildo insular. En sus fundamentos jurídicos, deja clara que la postura de la Administración de la Isla contraria a obligar la reparación del mal causado "choca de manera frontal con las sentencias dictadas por la Sala y Sección que anulan los decretos del ayuntamiento del 30 de agosto de 2004 y marzo de 2005", refiriéndose a la sentencia del 38 de septiembre de 2007, al recurso de apelación del 29 de febrero de 2008 y al del 30 de septiembre.
El TSJC asegura que el artículo 100 de la Ley de Patrimonio de Canarias "no introduce una facultad discrecional para la administración a la hora de disponer a cargo del infractor la reparación de los daños causados, sino que, de manera imperativa, establece que lo ordenará. No cabe, en consecuencia, especular con si la reparación del daño reportará algún beneficio. La orden cautelar de suspensión de las obras fue incumplida por el infractor, por lo que en el mismo acuerdo resulta del todo punto improcedente dejar de exigir la reparación del daño (...)".
La sala obliga a la empresa a pagar las costas del recurso.
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