"El Gobierno tiene ceguera selectiva para las ilegalidades urbanísticas"

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Con motivo de una conferencia organizada por la Fundación Pedro García Cabrera denominada "La legalidad urbanística en Lanzarote", la presidenta del Cabildo conejero, la socialista Manuela Armas, ha querido dejar patente la intención de la Administración que representa de hacer valer las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obligan a la demolición de al menos 22 instalaciones hoteleras.

-Exactamente ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿se derribarán hoteles o no?

-Bueno, actualmente hay 22 sentencias que anulan las licencias que dieron los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise para la construcción de diversos complejos hoteleros. El Cabildo jugó durante muchos años un papel pasivo al respecto, pero ahora no, sobre todo porque todas las sentencias han sido favorables, porque el Plan Insular de Ordenación de Territorio salvaguarda mucho el suelo desde 1991 y se tenía que haber aplicado sobre cualquier plan municipal. Este documento proponía claramente la contención del crecimiento, rebajando las camas turísticas de 450.000 a 200.000 y cómo tenían que ser los equipamientos, y es que quien determina el crecimiento turístico es el Cabildo y no los ayuntamientos.

-Pero... ¿qué papel ha tenido y tiene la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias durante todo este proceso?

-Soy clara: el Cabildo se ha encontrado absolutamente sólo en todo este proceso; dense cuenta de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), que depende del Gobierno de Canarias, tiene abiertos en Lanzarote 500 expedientes de ilegalidades y ni uno sólo afecta a un hotel.

- ¿Y cómo se interpreta eso?

- Yo creo que el Gobierno lo que tiene es una ceguera selectiva. En cualquier caso nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es meternos de lleno en este tema y tratar de solucionarlo, porque aunque en el contexto general afecta a pocos hoteles hay que tener en cuenta que están funcionando y que tienen empleados, así que estamos buscando soluciones que compensen a la ciudadanía.

-¿Y qué tipo de compensación sería esa?

-Bueno, hay que tener en cuenta que no todos los hoteles afectados por las sentencias de demolición están en la misma situación. Cada caso es diferente y lo que estamos estudiando es cómo hacer para reintroducirlos en legalidad, pero siempre compensando al interés general, porque si no se estaría cambiando el planeamiento para unos cuantos y para el resto no. El interés general ya viene recogido en el planeamiento, de manera que si lo que se ha incumplido es eso, lo que se debe reponer a través de menos camas, mejor calidad y más equipamientos, a través de un nuevo planeamiento que se elabore conjuntamente con el Gobierno de Canarias, de manera que cuando llegue a la Cotmac se apruebe con facilidad.

-¿Cuántos hoteles podrían salvarse así?

-Eso aún no se sabe, lo que está claro es que muchos lo tienen complicado, pero otros no tanto, porque no es igual el que ha incumplido el PIOT por el ritmo de crecimiento que el que construyó en medio de un vial.

-Pero no parece lógico que se les dé la razón para que se cumpla una ley y que luego busquen la manera de que no se cumpla.

-Por eso lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico exhaustivo de la situación para poder ver qué legalizaciones se pueden llevar a cabo, si es que se pueden llevar a cabo, pero para eso tienen que intervenir también otras administraciones. Por eso yo hago diferencias entre la persona que se construye una casa en un paraje natural y estos casos, porque en el primer caso el infractor es el propietario de la casa, pero en este caso los infractores son los ayuntamientos que concedieron licencias que no podían conceder. Obviamente, son casos más graves.