CCOO siembra dudas sobre la valoración de los dependientes

DORY MERINO, Tenerife

Pilar Magariños, responsable de Política Social de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, ha pedido a la Consejería de Bienestar Social que paralice los expedientes de valoración de los dependientes, "porque la ley obliga a la citada consejería a realizarlos directamente, no pudiendo ser objeto de delegación o concierto con entidades privadas, pero los están haciendo diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales", tal y como figura en el documento presentado en ese departamento del Gobierno canario.

Además, según Magariños, "el 83,7% de las ayudas que se han reconocido en Canarias son prestaciones sin especificar", puesto que de las 6.336 concesiones que había a 2 de noviembre de 2008, "5.553 no se sabe a qué modalidad pertenecen, si a centros de día, atención residencial, prestaciones especiales vinculadas al servicio, cuidados familiares o asistencia personal", según denunció Pilar Magariños, quien también exige a la consejería "que explique qué son las 5.553 prestaciones sin especificar y que no continúe otorgando prestaciones económicas a cuidados familiares indiscriminadamente".

En este sentido, Magariños declaró que todas las regiones tienen ayudas sin especificar, pero que Canarias es la zona con el mayor número de datos de prestaciones sin aclarar de qué tipo son.

En su opinión, "el Gobierno de Canarias no ha dado explicaciones sobre el tipo de las prestaciones que se están recibiendo". Asimismo, preciso que, según sus investigaciones, "es mucho más barato que las comunidades autónomas le den una ayuda a un familiar que cuida a un dependiente que crear centros residenciales de calidad o centros de día", manifestó.

También instó al Gobierno canario a que mejore los aspectos que "presuntamente" no comparte con el Estado sobre la Ley de Dependencia, "regulando y mejorando para los canarios el acuerdo para realizar el copago", y exigió a la consejería que cumpla "escrupulosamente" lo mandatado por la ley, "y no obligue a esta organización a recurrir a los tribunales por estar incumpliendo la ley".

La organización sindical recordó que en los Presupuestos Generales del Estado, las partidas destinadas a dependencia ascendieron a 1.158 millones de euros, más otros 17 millones para dotar de infraestructuras de servicios a empresas públicas y privadas, a los que hay que sumar otros 400 millones de euros adicionales.

"Las comunidades autónomas están obligadas a poner financiación a partes iguales con el Estado, a razón del 50% cada uno", recordó.

Por último, la representante de CCOO indicó que desde su organización "hemos visto el preocupante incremento que está experimentando la prestación económica de cuidado familiar, pues en la actualidad ya supone casi el 23% del total de prestaciones reconocidas en el conjunto del Estado".

Cuidadores

En Canarias se han concedido 632 prestaciones a cuidadores, y sólo se han suscrito 225 convenios con la Seguridad Social, lo que supone que los dependientes están siendo atendidos por personas mayores de 65 años o por personas que tienen una actividad laboral propia, lo que "imposibilita" en la práctica que puedan tener tiempo efectivo para atender al dependiente.