EFE, Madrid
El PP pidió ayer al Gobierno que disuelva cuanto antes los ayuntamientos gobernados por ANV, pues cree que es posible hacerlo con la actual legislación, y que las elecciones en los consistorios disueltos coincidan con el día en el que se celebren los comicios autonómicos en el País Vasco.
El presidente de los populares, Mariano Rajoy, trasladó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tales consideraciones durante la charla que ambos mantuvieron antes de que comenzara el acto de homenaje al 30 aniversario de la Constitución.
En conversación informal con los periodistas, Rajoy explicó luego este planteamiento, que el Partido Popular argumenta con la actual Ley de Bases del Régimen Local en la mano, ya que en ella hay "fundamento suficiente" para proceder cuanto antes a la disolución de los ayuntamientos que gobierna ANV.
Este matiz a la política del Gobierno para expulsar a ANV de los consistorios no significa que el PP esté en contra.
Aunque los populares, según indicó Rajoy, no conocen el alcance y contenido de las reformas legales anunciadas el viernes por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el grupo parlamentario del PP votará a favor de las mismas cuando lleguen a las Cortes Generales.
Será así porque, como sostuvo el líder del partido, el PP comparte el giro que ha dado el Gobierno en materia antiterrorista.
Con todo, el PP aboga por utilizar la Ley de Bases del Régimen Local tal cual está redactada ahora para desalojar a ANV de los ayuntamientos que rige, lo que argumenta en la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal a la formación vasca y en la facultad del Gobierno para disolver corporaciones locales "cuando den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave" al terrorismo.
Son 43
Los populares también se escudan en que los alcaldes de ANV no han condenado las actuaciones de ETA, especialmente los asesinatos del ex edil socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría.
Fuentes del grupo popular consultadas han señalado que si se cumple la disolución de los 43 ayuntamientos en los que gobierna ANV, sería posible que la renovación de los mismos se produzca el día en el que se celebren los comicios vascos.
Es decir, habría elecciones en Euskadi y en los ayuntamientos disueltos el mismo día, previsiblemente en marzo.
De ese modo, sería menor el tiempo en que esos municipios privados de su actual Gobierno tendrían que estar dirigidos por gestoras.
Mientras se resuelven estos trámites, el PP ha solicitado al Ejecutivo, como ya hiciera en la proposición no de ley registrada en el Congreso esta semana, que los ayuntamientos en los que gobierne ANV no se beneficien del fondo de ayuda movilizado por el Gobierno para incentivar la contratación en el ámbito local.
Según establece el reglamento de aplicación de dicho fondo, cifrado en 8.000 millones de eu- ros, Azpeitia, en donde fue tirotea- do Uría, recibiría más de 2 millones de euros para obra pública.
El PP no quiere que el alcalde de ANV administre ese dinero, pero tampoco que se queden sin él los ciudadanos, por lo que, según ha explicado Rajoy, su partido ha propuesto que las Diputaciones Forales gestionen la distribución de ese montante.
El líder del PP señaló que Alfredo Pérez Rubalcaba se ha comprometido a estudiar estos planteamientos.
El Gobierno
Por su parte, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defiende la necesidad de reformar la Ley de Bases de Régimen Local para impedir que los representantes de ANV puedan regir ayuntamientos, ya que cree que, en contra de lo que opina el PP, tal y como está redactada la norma actual no se tienen las garantías suficientes para ello.
Fuentes del Gobierno remitieron a las declaraciones hechas el viernes por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en las que avanzó que se van a promover reformas legales para impedir que los representantes de ANV gobiernen los ayuntamientos.
Las fuentes citadas subrayaron la necesidad de dejar que el servicio jurídico del Estado haga el trabajo pertinente y concluya las modificaciones que correspondan.
Pero sí considera que, con todos los antecedentes sobre la mesa, será necesario hacer cambios en la ley actual. No obstante, desde el Gobierno se recalca su total disposición a mantener un diálogo permanente con el PP y con el resto de formaciones políticas en torno a este asunto.
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