Las empresas isleñas siguen a la cola en la adjudicación

EL DÍA, S/C de Tenerife

Las Cámaras de Canarias vienen observando, con enorme preocupación, que casi ninguna empresa canaria consigue hacerse con las obras públicas adjudicadas en las Islas por las Administraciones, "aunque habitualmente se acude a ellas para actuar como subcontratistas. Esta situación debe corregirse, pues trae aparejada, como efecto perverso, la imposibilidad de que se queden en el Archipiélago las ventajas y beneficios de todo orden que, se supone, han de generar las obras públicas".

En un comunicado remitido ayer en este sentido, las Cámaras de Comercio avisan de que el grave proceso de desaceleración que "estamos padeciendo, la iniciativa pública debe conjugarse con la privada, siendo imprescindible que las Administraciones públicas mantengan altos niveles de dinamismo a través de la licitación de obras públicas, ponderando una mayor participación de las empresas locales, para así mantener sus niveles de empleo. Sólo la actividad de las Administraciones públicas podrá salvar la disminución en el consumo de los hogares".

Inversiones

Hay que destacar que el nuevo Fondo de Inversión Pública, recientemente presentado por el Gobierno nacional en el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, en el ámbito local dotado con 8.000 millones de euros, y que está destinado a obras de ejecución inmediata que sean de competencia local, debe de surtir los efectos que persigue en el "terreno de nuestra demarcación".

Por ello, la Cámara solicita que la Administración sea "sensible a la hora de ponderar la adjudicación de obras o servicios a las empresas canarias ya que, hoy por hoy, las Administraciones públicas son las únicas que podrían ayudar a la recuperación económica".

No obstante, la institución cameral confía en que el nuevo plan de reducción de cargas administrativas a las empresas introduzca, en breve, instrumentos que faciliten el acceso de las pymes a las obras públicas, entre los que se prevén los siguientes: elevar desde 120.000 a 350.000 euros el importe de los contratos de obras para los cuales no es exigible la clasificación, de modo que empresas no clasificadas en la actualidad puedan concurrir a un segmento más amplio de licitación de obra pública; facilitar al empresariado la obtención y mantenimiento de la selección de las empresas como indefinida, necesaria para acceder a determinados contratos de la Administración, supeditando su mantenimiento a trámites sencillos de verificación de solvencia, entre otros.