Esta semana se ratificará en el Congreso la inyección de 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para la ejecución de pequeñas obras que revitalicen la economía real y contribuyan a frenar el aumento del paro en todo el país.
Desde que la crisis escaló de dimensión en octubre con las quiebras, agujeros y rescates en las financias norteamericanas, sobre todo, veníamos reclamando desde Coalición Canaria un aumento de las inversiones del Estado, que es el que tiene auténtica capacidad para endeudarse. Y en noviembre apuntamos en la Comisión de Economía que debía de hacerse a través de los ayuntamientos. Porque son los más capaces de llegar pronto y bien a todas partes. Y porque en este momento no tienen dinero, por la bajada de la recaudación, y sin embargo disponen de recursos técnicos y administrativos para alimentar el relanzamiento de la actividad.
Apoyamos decididamente la medida, pero ya en el pleno donde el presidente Zapatero la anunció advertimos con claridad que el reparto debía de hacerse en función del número de parados de cada comunidad autónoma y no solo en base a la población. Porque es una medida que se presenta, sobre todo, para combatir el paro, al exigir al máximo la contratación de desempleados; ya que al Estado le interesa también reducir la creciente e importante nómina mensual del subsidio de desempleo.
El índice de desempleo en Andalucía y Canarias es más de un 50% superior a la media nacional y en el reparto de esa inversión debe ser tenido en cuenta eso. Claramente. De esa forma, los poco más de 350 millones de euros que, en principio, se calculan para Canarias debieran incrementarse en 100 o 150 millones de euros más. La diferencia no es nada baladí. Porque hasta 10.000 familias más con miembros en paro podrían incorporarse durante un año a estas obras municipales si se produce ese incremento.
Ahora corresponderá a los alcaldes y concejales aprovechar estos fondos con la máxima eficacia; y procurar que sirvan para contratar al máximo de personas sin empleo, especialmente a los parados de larga duración o con cargas familiares.
La óptima utilización de la inversión pública se convierte en estos momentos en una palanca fundamental para devolver energía y confianza a la sociedad. Es ahora cuando hay que demandar a nuestros emprendedores y empresarios que sigan invirtiendo y aprovechando las buenas condiciones fiscales de Canarias para la dedicación de los beneficios pasados a crear más actividad y riqueza. Las crisis son también momentos para reinventar, mejorar y adelantarse a las oportunidades que se abrirán en el inmediato futuro. Para hacerlo deberán de contar con el apoyo del sector bancario, que no acaba de responder a la sociedad con la financiación que se le demanda, a pesar de las enormes ayudas públicas movilizadas para tal fin.
El temor a que la banca, y las cajas españolas se contaminarán por la crisis financiera mundial animó al Estado a avalar las emisiones de captación de recursos del sector financiero (por lo que podrá hacerlo a mejores precios) y a comprarles -si lo necesitan- activos de buena calidad. Todo con el propósito de que dispongan de liquidez para prestar a un mercado que todavía les da buenos beneficios, a pesar de todos los pesares. Lo sorprendente es que hasta ahora han hecho muy poco uso de esas ayudas. Y tampoco han vuelto a reabrir las facilidades del crédito a los ciudadanos. Si el Gobierno de Canarias y los Cabildos han visto que apenas se cubría la mitad de sus emisiones de deuda pública para financiar sus inversiones es porque los ciudadanos y empresarios han encontrado grandes dificultades para obtener crédito en sus bancos.
Es por ello que este nuevo Fondo de Inversión Municipal ha de servir para animar la actividad y devolver poco a poco la confianza, para que se puedan seguir ejecutando proyectos. Para que la vida económica no se detenga. Para que lo único que se pare en seco sea ese efecto dominó de la crisis.
* Portavoz de CC en el Congreso de los Diputados
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