Con el retraso ya crónico al que se nos está acostumbrando, el Gobierno ofreció, en diciembre de 2008, los datos estadísticos de los abortos provocados cometidos en 2007. La fecha elegida para darlos a conocer coincidió con la publicación de los datos del paro en noviembre, que frisan ya los tres millones de personas registradas. Esta simultaneidad hizo que, en los medios, pasase a un segundo plano la relevancia del horror de los 112.138 muertos por aborto, que se ha convertido ya en la primera causa de fallecimiento en nuestro país, sólo contando los abortos incluidos en las estadísticas, que no son todos, ni mucho menos, de modo semejante a lo que ocurre con el desempleo, que sufren muchas más personas que no entran en el cómputo del INEM, como se encarga de poner de manifiesto la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.
El aborto
Resulta difícil escribir con frialdad acerca de estas dos realidades, especialmente del aborto, máxime cuando este fin de semana se conmemoran los treinta años de vigencia de nuestra Constitución. Justo es decir, sin embargo, que ya desde su misma aprobación surgieron las primeras voces que reclamaban que su artículo 15 ("todos tienen derecho a la vida") no implicaba la renuncia a propugnar un día que esta matanza de no nacidos se legalizase; este dudoso honor le cabe al ponente socialista Gregorio Peces-Barba, y, en efecto, desde el primer año de gobierno del PSOE se puso en marcha el proceso de dejar impunes los abortos practicados siempre que se cumplieran determinados requisitos.
La historia del aborto en España está, toda ella, construida sobre errores de hecho, mentiras y fraudes de ley. Errores de hecho, hoy inocultables, porque los avances de la embriología y la genética hacen literalmente imposible sostener que un aborto consista en la disposición de una mujer sobre su propio cuerpo; mentiras, que arrancaron de la patraña de unos imaginarios 300.000 abortos clandestinos citados por el entonces fiscal general del Estado Fernando Herrero Tejedor en pleno franquismo y han continuado todos estos años; y fraudes de ley de dimensiones colosales con los certificados médicos que establecen presuntos "casos límite" en embarazadas a las que se pronostican graves quebrantos para su salud psíquica, con objeto de cumplir la formalidad administrativa que haga impunes sus abortos, y que así justifican más del 95 por ciento de los abortos que afloran en las estadísticas.
El Tribunal Constitucional, en su tristemente famosa sentencia de 1985, no se atrevió a calificar de individuos humanos a las víctimas de los abortos (¿qué otra cosa pueden ser si no?), y puso en evidencia toda su pusilanimidad al llamarlas "bienes jurídicamente protegibles", único modo no sólo de considerar constitucionales los abortos provocados, sino también de poder hacer prevalecer el derecho de la madre a la salud sobre el derecho del hijo a la vida. De aquellos polvos vienen estos lodos: ya llevamos un millón doscientos mil muertos por aborto, cinco veces más cadáveres que los habidos en combate en nuestra guerra civil.
El escándalo que se produjo cuando se rompió el muro de ocultación y silencio sobre las prácticas de algunos establecimientos abortistas movió al Gobierno de Rodríguez Zapatero a tomar cartas en el asunto?, ¡para garantizar la seguridad (léase la impunidad) de los médicos y comerciantes de la industria del aborto! Y tras la publicación de la estadística de 2007, la ministra Aído ha corrido a los micrófonos y las cámaras a anunciar una futura campaña que llama de "prevención", consistente en promover en las escuelas el uso del preservativo y los anticonceptivos. A este respecto debe saberse que, sin excepción, en todos los países en que se ha extendido el uso de anticonceptivos y condones el número de abortos provocados, lejos de disminuir, ha aumentado. La razón es que, con esta propaganda, el mensaje que en realidad se transmite es la falsedad del "sexo seguro" y el estímulo a la promiscuidad sexual en edades cada vez más tempranas. El proyecto de la ministra, pues, será con toda seguridad como echar gasolina al fuego para apagar el incendio. En estas condiciones, no es descartable que, a la postre, los esfuerzos del Gobierno se encaminen no a disminuir los abortos, sino a que desaparezcan de las estadísticas.
La crisis
¿Y la crisis? La crisis, muy bien, gracias. Los que ya no están tan bien son los ciudadanos que la padecen, en especial los más débiles, como siempre. Los datos disponibles muestran que estamos en una situación de recesión que amenaza con derivar en depresión. El precio del dinero ha experimentado una bajada importante, de tres cuartos de punto porcentual, y se ha quedado en el 2,5%. El presidente del Banco Cental Europeo, Jean-Claude Trichet, tiene ya la suficiente seguridad de que este abaratamiento del tipo de interés no va a producir efecto inflacionario ninguno, porque el consumo sigue disminuyendo.
El panorama europeo, no sólo de la zona euro (Suecia y el Reino Unido, que están fuera del euro, han bajado el tipo al 2%), augura una crisis profunda, y probablemente larga. ¿Cuán larga? A esto no hay nadie, hoy por hoy, que pueda contestar con fundamento; lo que sí es previsible es que en España la vivamos más agravada, a juzgar por nuestros datos de desempleo, que son los más alarmantes del Viejo Continente.
Salir de la crisis, saldremos. Lo que no sabemos es cuándo y a qué precio, porque en buena medida eso dependerá de la restauración de la confianza, que hoy por hoy es muy escasa y, según las encuestas, sigue bajando.
Posdata 1
La ETA ha asesinado al constructor azpeitiarra Ignacio Uría de dos tiros a bocajarro. Sobran las palabras. Los terroristas creen que con este crimen se facilitará que el Gobierno vuelva a sentarse a negociar.
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