Madrid, EFE La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo va a promover las reformas legales que sean necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada, como ANV, pueda gobernar los ayuntamientos.
Fernández de la Vega ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, en la que ha transmitido la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario Ignacio Uría, asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que gobierna ANV.
La vicepresidenta ha garantizado que los asesinos de Uría acabarán en la cárcel y ha advertido a "quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio", de que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego.
Por ello, ha avanzado que el Gobierno va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley, para lo que ha informado de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado.
Ha precisado que se está analizando la ley de régimen local y ha explicado que se trata de un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hacen muy complicado proceder a esa disolución en estos casos.
En concreto, ha recordado que la ley determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves que tienen que estar acreditadas de forma probada.
Como de acuerdo a la jurisprudencia del Constitucional la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, se trata, según la vicepresidenta, de buscar vías que impidan que los representantes de esas formaciones puedan gobernar las corporaciones.
Fernández de la Vega ha explicado que esa tarea se hará "como siempre, con el máximo consenso de las fuerzas políticas parlamentarias" y siendo "muy escrupulosos en el cumplimiento de las leyes".
"Tan escrupulosos como tenaces, y decididos a que nadie pueda burlar la ley amparándose precisamente en ella", ha añadido.
La vicepresidenta ha trasladado un mensaje de apoyo, cariño y solidaridad a la familia, a los amigos y a los compañeros de Uría, "un hombre libre -ha dicho- que ha sido asesinado por serlo".
Ha añadido que "la indignación, la rabia y el dolor se acompañan de una convicción y de una certeza: los culpables, los terroristas, serán encontrados, juzgados y encarcelados".
"Siempre lo son. Su futuro cierto es la cárcel, que no tengan la menor duda; sencillamente son delincuentes, asesinos que tarde o temprano pasarán muchos años en la cárcel", ha agregado.
Preguntada por la posibilidad de que se pueda aceptar la propuesta del PP de que el dinero del fondo de inversión municipal aprobado por el Gobierno que vaya a ayuntamientos de ANV lo gestionen las diputaciones forales, Fernández de la Vega ha asegurado que el Ejecutivo va a controlar y garantizar la naturaleza, el contenido, el destino y la ejecución de cada fondo.
"Va a haber transparencia y control de los fondos y no va a haber ningún problema", ha reiterado antes de emplazar a que se conozcan las peticiones de los ayuntamientos y recalcar que hay mecanismos y garantías suficientes para que se vea respetada la buena finalidad de los mismos.
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