Los juzgados de Violencia de Género siguen sin psicólogos

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Los Juzgados de Violencia de Género de Canarias siguen sin contar con el personal que las unidades de valoración integral de las víctimas de violencia de género requieren por ley, pese al compromiso público adquirido el pasado 26 de junio por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, por el que aseguró que a finales de verano habría terminado el proceso de selección de personal para incorporar al menos dos psicólogos más, así como trabajadores sociales y abogados.

En la propia Ley sobre Violencia de Género se establece la necesidad de que los juzgados especializados cuenten con una unidad que atienda los casos de malos tratos de una forma global, es decir, garantizando el apoyo y valoración psicológica en primer término, pero también el asesoramiento jurídico y la atención de los posibles problemas que se derivaran de esta situación de exclusión social; sin embargo, hasta ahora en el Archipiélago los únicos miembros de estas unidades siguen siendo dos psicólogos forenses.

"Están sobrecargados de trabajo hasta unos límites que son difíciles de explicar, porque los juzgados se han ampliado, pero la plantilla no. En el caso concreto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el actual psicólogo está sacando trabajo a destajo porque encima se va para el de Las Palmas, así que trata de adelantar todo el trabajo que le es posible y cerrar los asuntos pendientes", señalan fuentes sindicales de Justicia.

En este mismo sentido, los sindicatos señalan que "las palabras de Ruano no fueron más que una declaración de intenciones porque ni siquiera había dinero presupuestado para ese tipo de contrataciones de personal. Seguramente lo único que se ha hecho es incoar el expediente administrativo necesario para efectuar las contrataciones, pero poco más, porque ni al comité de empresa se le ha comunicado que se va a coger personal de la bolsa de trabajadores de Justicia ni se ha hecho pública ninguna convocatoria oficial de empleo. Además, en la relación de puestos de trabajo tampoco están incluidas estas plazas, por lo que haría falta una negociación previa para poder proceder a los nombramientos".

Así, los representantes de los sindicatos en la Administración de Justicia alertan de que "aunque el Gobierno quiera poner en marcha estas unidades especializadas por la vía urgente, se necesitarían al menos cuatro meses para completar todo el procedimiento, y lo más importante: que haya dinero para ello. Algo que no está demasiado claro porque precisamente en el Capítulo 1 de los presupuestos para Justicia, los fondos no llegan ni a mitad del ejercicio".

Por su parte el portavoz del CSI-CSIF, Mario Sicilia, ya ha manifestado su intención de pedir explicaciones sobre este tema en la mesa sectorial del día 10.