El TSJC rechaza la suspensión cautelar de EpC solicitada por dos familias

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La batalla judicial de un grupo de padres canarios contra Educación para la Ciudadanía (EpC) no ha comenzado con buen pie. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado las solicitudes de dos familias para que se eximiese a sus hijos de la obligación de cursar la asignatura de forma cautelar, hasta tanto no se resuelvan los recursos presentados contra la orden de la Consejería de Educación que rechaza la objeción de conciencia.

Así lo anunció ayer en comisión parlamentaria la consejera Milagros Luis Brito, que afirmó que a su departamento le constan 19 recursos contencioso administrativos planteados ante el TSJC. Este colectivo de padres ha recurrido a la vía judicial después de que la Consejería, avalada por los informes de sus servicios jurídicos, considerara que la objeción no tiene lugar en este caso.

El número de solicitudes interpuestas por las familias ante la Administración ascendió a 406 que, en realidad, correspondieron a 251 alumnos -125 niños y 126 niñas-, ya que muchas fueron presentadas "por duplicado"; es decir, tanto por el padre como por la madre. Los alumnos afectados por la decisión de rechazarlas se encuentran escolarizados actualmente en 66 centros de las Islas.

La consejera facilitó estos datos en el curso de una comparecencia solicitada por el PP y dirigida a informar sobre la impartición en Canarias de EpC, que ha comenzado este curso y que, según Luis Brito, ha tenido "un tratamiento diferenciado", recogido en la inclusión de objetivos específicos para la Comunidad autónoma.

Así, en el Archipiélago se han incorporado los objetivos de analizar la importancia de los medios de comunicación social en el funcionamiento de la sociedad democrática, además de las posibilidades de la apertura al exterior para el "crecimiento cultural y material" de la sociedad canaria. El reconocimiento a la diversidad y la necesidad de mantener un "respeto crítico" con costumbres y prácticas foráneas es otra de las metas que el Ejecutivo isleño pretende alcanzar con la impartición de Educación para la Ciudadanía.

La introducción de contenidos sobre hábitos comunicativos y de implicación en cometidos domésticos y escolares, la "explicitación" del rechazo a la violencia contra las mujeres y la referencia a las migraciones constituyen, asimismo, aspectos diferenciados de los que se ha dotado a la materia al ser implantada en Canarias.

Los grupos parlamentarios de PSC-PSOE y PP aprovecharon gran parte de sus intervenciones para escenificar su enfrentamiento en torno a esta cuestión. "Me felicito por los canarios de que no sea el Partido Popular quien lleva las riendas de la Consejería de Educación", declaró el diputado socialista Juan Ramón Rodríguez-Drincourt, quien acusó a este partido de ser "el único en toda Europa que no ve la importancia de encarar el hecho educativo bajo nuevos paradigmas" y de responder a este reto "con la sinrazón", apuntó el representante del PSC en referencia a la actuación de los gobiernos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el parlamentario popular Carlos Ester aseveró que "el PP siempre cumple con las leyes, también en las comunidades autónomas donde gobierna", por lo que garantizó su apoyo a la Consejería para desarrollar la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, advirtió de que su formación velará "para que se imparta lo que se tiene que impartir" y para que EpC no se interprete como "un catecismo socialista".

Ester puso ejemplos de libros de texto de la asignatura donde "se critica la libertad económica" y "se elogia al PSOE". Sobre este aspecto, la consejera de Educación aclaró que su departamento no es competente para la elección de libros y materiales, "pero sí para la inspección", y reveló que el Gobierno ha solicitado a la Alta Inspección Educativa que "vigile" algunos contenidos.

Directores e inspección

A instancias del Partido Socialista, Milagros Luis Brito volvió a informar en sede parlamentaria sobre la aplicación de las medidas de calidad puestas en marcha por el Ejecutivo y que, a juicio de la diputada PSC-PSOE Rita Gómez, "se reducen a un anuncio publicitario".

Durante su intervención, la consejera cifró en 370 los centros que prestan el servicio de acogida temprana y en 140 los que desarrollan el refuerzo educativo en horario de tarde, un servicio que, añadió, ha recibido 41 nuevas solicitudes.

Además, Milagros Luis Brito anunció que el decreto que regula las nuevas funciones de la inspección educativa ya está en manos del Consejo Escolar de Canarias, y que la próxima semana se concluirá el referido a los equipos directivos de los centros, cuyo papel se verá reforzado y su autonomía incrementada.