HACE unas pocas fechas, asistimos a la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias a los juzgados de Las Palmas. Esta personación procede de una denuncia interpuesta por el director de un medio de comunicación ante un presunto cohecho y tráfico de influencias de dicho vicepresidente durante su etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria hacia una empresa del sector turístico.
Y digo que no es normal porque no debe resultarnos ajeno el hecho de que la segunda figura en importancia de nuestro ejecutivo autonómico y encargada de llevar las finanzas de las Islas tenga que ir de visita obligada a un juzgado porque se cuestiona su honradez en la toma de decisiones.
No digo ni presupongo que el vicepresidente sea culpable de nada, pero cuando se ostenta un cargo público, sea el que sea, pero más aún en el caso del que estamos tratando, la honradez no sólo debe ser cierta, sino que debe ser aparente.
Las apariencias engañan, bien es cierto, pero supone un enorme cúmulo de casualidades que dicho cargo público viaje a los mismos lugares y en compañía del mismo empresario al que se le estaba tramitando un importante expediente relacionado con la ampliación de 3.600 camas de un complejo turístico de su propiedad. Si a ello le unimos las objeciones que los informes técnicos habían detectado en el expediente administrativo que trataba sobre el asunto en cuestión, tenemos algo que, siempre en el terreno de la presunción, huele ligeramente mal.
Siendo esto así, y no dudando de la honradez del imputado, la situación, cuando menos, requiere una explicación pormenorizada. Lo que no parece de recibo es utilizar la estrategia, ya recurrente en el personaje, de matar al mensajero. Decir que todo esto no es otra cosa que una patraña del denunciante con el fin de dañar al vicepresidente de nuestro Gobierno y a éste por extensión, como que no cuela.
Veamos, en Canarias somos dos millones de habitantes y no creo que esté a la orden del día que nos denunciemos unos a otros por el mero hecho de fastidiar, o por el afán de que expliquemos en qué nos gastamos nuestro dinero en nuestro tiempo libre. Si hay denuncia, ésta se acepta a trámite por la Fiscalía Anticorrupción y de ella se deriva una imputación por parte de la jueza, es que, al menos, eso huele mal.
Por ello, la reflexión con la que empezaba estas líneas. Tenemos la necesidad de darle a la vida pública isleña una gruesa capa de seriedad en las acciones y tomas de decisión. De lo contrario, no es de extrañar que cada día sean menos los que rechazan la posibilidad de su participación política y que cada día sean más los que a la hora de ir a votar prefieran pasar ese tiempo con su familia o amigos, o simplemente prefieran no hacer nada, porque "todos son iguales".
* Secretario de Organización del CCN
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