O. GONZÁLEZ, Tenerife
La diputada socialista y secretaria de Organización del PSC, Gloria Gutiérrez, registró el pasado viernes en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno de Canarias pueda indemnizar a víctimas y familiares de la tragedia ocurrida en febrero de 2007 en la galería Piedra de los Cochinos, en el municipio tinerfeño de Los Silos.
Con esta PNL, la diputada socialista hace hincapié en la línea que ha venido siguiendo su partido desde que se produjo la tragedia, en el sentido de que el Gobierno de Canarias es responsable patrimonial de los hechos porque no aplicó la ley en vigor en el momento que se produjo el suceso para proteger a las víctimas.
Gutiérrez recordó a este periódico que en febrero de 2007, cuando los excursionistas fallecieron en el interior de la galería -que estaba abierta y sin señalizar-, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, que dirige Jorge Rodríguez, era la que tenía que velar por la seguridad en las galerías de las Islas, puesto que tenía que aplicar la legislación estatal, tal y como se recoge en el artículo 32, apartado 9 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
En este sentido, Gutiérrez avanzó que si prosperara la PNL las víctimas tendrían derecho a recibir una indemnización por parte del Gobierno de Canarias, puesto que se reconocería al Ejecutivo como responsable patrimonial de la tragedia por la falta de vigilancia de la cavidad subterránea de Los Silos. Al respecto, aseguró que la opinión del PSC va en la misma línea que la ya manifestada por el Cabildo de Tenerife, y por el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Icod de los Vinos de mantener la responsabilidad patrimonial de la Comunidad en los hechos.
Además, y sobre este aspecto, la diputada socialista añadió que todavía no ha prescrito la acción de responsabilidad patrimonial, puesto que aún no han concluido las diligencias penales, instruidas hace menos de un año.
Decreto regulador
Cabe recordar que la pasada semana, y con casi dos años de retraso, el Gobierno de Canarias aprobó el decreto a través del cual se controla la seguridad en las obras e instalaciones hidráulicas.
El objetivo de esta regulación es dotar al Archipiélago de una normativa con la que se mantenga un alto nivel de seguridad en los pozos y galerías, tanto cuando haya actividad minera en su interior como cuando no la haya.
El decreto ha tenido en cuenta que las precauciones que se deben adoptar son distintas en las diversas fases de actividad de estas infraestructuras, con predominio de las medidas de seguridad minera en los pozos y del cuidado de la señalización y cierres en las galerías, sin que en ningún caso puedan desaparecer los controles de acceso que impiden la entrada de personas sin preparación al interior de estas obras.
Sólo el sellado y clausura definitiva de la instalación, en condiciones que no exista peligro residual alguno al visitante ocasional de la zona, permitirá desvincularse de las precauciones exigidas por este decreto.
La normativa afecta a las galerías, pozos, túneles-acueductos y otras infraestructuras hidráulicas como zanjas, socavones, sondeos de gran diámetro y demás obras subterráneas que hayan sido construidas por la industria del agua y creen riesgos para las personas que puedan penetrar en ellas.
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