El Parlamento debatirá antes la moratoria turística popular que las medidas urgentes

... Es el momento adecuado. Sin duda, es un momento propicio para que cualquier administración venda a sus ciudadanos la necesidad de autorizar prospecciones petrolíferas en aguas muy cercanas al Archipiélago. En plena crisis y siendo ya conscientes del daño que el alza de los hidrocarburos tiene en la marcha de la economía, la opinión pública sería más receptiva que en cualquier otra coyuntura a la realización de estas pruebas. España, dirá cualquier político favorable a esta tesis, no podría permitirse seguir dependiendo de una forma tan determinante de una fuente de energía que se encuentra en el exterior. Y no sólo en el exterior, sino en manos de un Gobierno como el ruso, que la utilizará en función de sus intereses políticos de neopotencia con los riesgos que ello conlleva. O de Argelia, un país tan inestable y con un intermitente problema de radicalismo islámico. Por todo ello, dirán, este país no puede permitirse el lujo de que buena parte de su economía se asiente sobre bases tan endebles cuando quizá cuente con recursos propios para prescindir de ellas.

... Pero esta tesis, siempre larvada detrás de quienes han defendido con la boca chica la necesidad de las prospecciones, ha cobrado cuerpo político por vez primera por parte de una administración. De hecho, por la administración que por el momento es competente para decidir. Así, el Gobierno del Estado ha admitido a la diputada del PP Pilar González que España no puede prescindir de dichas prospecciones. Que no puede renunciar a un futuro sin petróleo teniendo petróleo bajo unas aguas cuya pertenencia, por el momento, no ha sido definida. Y quizá no le falta razón al Ejecutivo central para plantear lo estratégico de este recurso y la necesidad de explotarlo si existiera. Sin embargo, tanto Madrid como la Comunidad autónoma deberán tener en cuenta determinadas cuestiones antes de ponerse manos a la obra. En primer lugar, deberían asegurarse de explicar bien qué y cómo se va a hacer. Para evitar de esta forma una fuerte oposición social. En segundo lugar, y esto es una responsabilidad que atañe sobre todo al Estado, debe acometer de una vez por todas la delimitación de las aguas que pertenecen a España de las que pertenecen a Marruecos, una cuestión fundamental para conocer qué posibles yacimientos están del lado de cada cual. Y en tercero, pero no por ello menos importante, un acuerdo entre Canarias y el Gobierno central en la Ley de Hidrocarburos que ha sido recurrida por la primera y que establece desde quién concede los permisos hasta quién administra la riqueza resultante.