Sanidad y Estado se reparten el viejo hospital con la oposición del Cabildo

L. GARRIDO, Santa Cruz

El acuerdo al que la Consejería de Sanidad y la Tesorería de la Seguridad Social han llegado con respecto al reparto de las infraestructuras del antiguo hospital de Las Nieves no convence al Cabildo insular. De las conclusiones extraídas tras la última reunión mantenida, el presidente de la máxima institución insular, José Luis Perestelo, asegura que "la solución que nos ofrecen no es la más idónea según los proyectos que tenemos planteados en ese terreno".

En los próximos días se convocará una comisión de trabajo en la que se debatirán estos planes, "inviables", según el Cabildo, en los terrenos que se le han cedido a esta institución. "El acuerdo creemos que es negativo para el desarrollo de todo el centro sociosanitario que queremos para la Isla y para dar cobertura a nuestras necesidades de sanidad ", dijo Perestelo.

El presidente de la máxima institución explicó que su disconformidad radica en la ubicación de los terrenos cedidos, no en el porcentaje o la superficie. Aseguró que, para las previsiones de la institución que preside, "necesitamos unas infraestructuras y unos servicios determinados para atender a las personas". En este sentido, Perestelo hacía alusión al espacio de la lavandería, otorgado según el acuerdo al Cabildo, el cual, añadió, "no sirve para tratar la sanidad de los palmeros ni cumple con nuestra responsabilidad respecto al proyecto que queremos realizar".

A pesar de esta discrepancia, José Luis Perestelo afirmó que tanto la Consejería de Sanidad como la Tesorería de la Seguridad Social están en un marco de colaboración con un objetivo común, el de rehabilitar un inmueble inutilizado "que puede servir para atender las necesidades de los palmeros".

Respecto al voto en contra del PSOE a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria para rehabilitar el centro sociosanitario de Las Nieves, Perestelo comentó que "estamos asistiendo al primer caso en la historia democrática de esta Isla en el que una institución veta la ejecución de un proyecto público por parte de otra institución en un suelo que no se está utilizando".