TRAS el ingreso de España en la Unión Europea, Canarias cuenta con importantes instrumentos económicos destinados a hacer compatible la integración de nuestra región en la unión aduanera comunitaria con el mantenimiento de una serie de actividades que se habrán desarrollado al calor del régimen tradicional de los puertos francos. A esto responden figuras que se esconden tras siglas enigmáticas e incomprensibles para la mayor parte de los canarios como Z.E.C, R.E.F., R.E.A., A.I.E.M. y otras similares.
Entre el instrumental disponible se encuentran las "zonas francas". En Canarias existe, desde hace diez años, una zona franca en funcionamiento, en el Puerto de la Luz. Una segunda zona franca para el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, aprobada y constituida formalmente en el año 2006, no ha entrado todavía en funcionamiento. Esta diferencia de comportamientos refleja la usual prioridad que dan los habitantes de Gran Canaria a su puerto, mientras que en Tenerife la actividad portuaria tiene un tratamiento menos favorable, por detrás de otros sectores económicos como la agricultura o el turismo.
La creación de zonas francas en Canarias es un corolario lógico de la terminación del régimen de puertos francos. Al estar sometidas las actividades de importación y exportación a un estricto control aduanero, ya que nuestros puertos y aeropuertos forman parte de la frontera exterior comunitaria, las zonas francas permiten el almacenamiento en su recinto de mercancías que son importadas para su traslado a otros destinos e incluso para su perfeccionamiento activo o pasivo y su eventual exportación a otros destinos o su importación en el propio territorio de la Unión Europea. Las zonas francas generan, así, un tráfico comercial adicional diferenciado de las simples operaciones de importación y exportación o del transbordo de mercancías en puerto.
Cuando se creó la zona franca tinerfeña se previó que ésta fuera de un tipo abierto, sin perímetro cercado, como la existente en Shannon, Irlanda. El nuevo Código aduanero modernizado de la Unión Europea, aprobado este mismo año, sin embargo, ha acabado con esta modalidad de zona franca, siendo necesario fijar, en todo caso, un perímetro cercado. La primera tarea que han de abordar los responsables de la zona franca tinerfeña será, por tanto, la delimitación del perímetro de la zona franca para su posterior cercado. Las propuestas dirigidas a compartir esta zona franca con el todavía no construido puerto de Granadilla dificulta el trazado del perímetro. Pero no se entiende que dos años después de la aprobación de la zona franca por el Gobierno central, las autoridades locales responsables no hayan puesto todavía los cimientos para hacer posible el funcionamiento de un mecanismo que pueda generar actividad económica y puestos de trabajo en la isla de Tenerife.
* Diputado al Parlamento Europeo,
PSOE
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