AGENCIAS, Buenos Aires
La Justicia argentina intervino ayer Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a solicitud del gobierno de Cristina Fernández para "garantizar el normal funcionamiento" de la compañía, según el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime, que se presentó ayer en la sede corporativa de la línea aérea, en Buenos Aires, para notificar de la medida judicial a la empresa y explicó que la intervención judicial fue adoptada a petición de la Secretaría de Transportes.
Según el ministro argentino, la medida se adoptó para garantizar "el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea tras la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak, que, no obstante, seguirá en su cargo, mientras que se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes José Luis Perrone como "veedor" para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.
Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntaron que en los próximos días, el Gobierno dará pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que con las cantidades aportadas hasta ahora -unos 222 millones de dólares- puede distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a una expropiación.
La decisión judicial se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que advertía de que si no se llegaba a un acuerdo "amistoso" en el plazo de una semana, demandaría al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
El Ejecutivo pretende hacerse con el control de las aerolíneas mediante la capitalización de los fondos que ha aportado en los últimos cinco meses para mantener operativa la compañía, una posibilidad rechazada por Marsans, pero que está cada vez más cerca, tras la intervención dispuesta ayer por el juez Estaban Carlos Furnari.
Fondos de pensión
Por otro lado, el Senado aprobó por una contundente mayoría el proyecto de ley de nacionalización de los fondos privados de pensiones tras un debate que se prolongó durante doce horas.
La iniciativa, que hace dos semanas ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado por 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
Esta medida permitirá al Estado ganar mayor terreno en la economía del país. Se trata de 78.000 millones de pesos (23.350 millones de dólares) que unos 9,5 millones de trabajadores aportaron en los últimos catorce años a las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP).
Los fondos pasarán a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que cada año se anexará otros 13.500 millones de pesos (unos 4.042 millones de dólares) de aportes de los trabajadores para su futura jubilación.
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