El CES pide que la Directiva de servicios se ajuste al caso canario

EL DÍA, S/C de Tenerife

El Consejo Económico y Social (CES) reclama al Gobierno español que al aplicar la Directiva europea sobre liberación del mercado de los servicios, también conocida como Bolkestein, se tenga en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica (RUP), reconocida como tal en el Tratado de la Unión Europea (UE).

Así se recoge en el dictamen aprobado el jueves por el pleno del CES, informó ayer la patronal CEOE-Tenerife, organización que planteó la necesidad de que en la transposición de la Directiva 2006/123/CE al ordenamiento español se observe la condición de lejanía respecto al resto del territorio comunitario de las Islas, para así defender a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales.

Cabe recordar que, ante la próxima aplicación de la norma, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, ha manifestado que el Archipiélago debe tener un tratamiento "diferencial" en la transposición de la Directiva. Pero esa excepcionalidad, según Soria, no debe ser una excusa para no aplicarla o introducir recortes evidentes en contra de los intereses de los consumidores.

Además, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Confederación Regional de Comercio (Coreco) creen que en Canarias debe ejecutarse con excepciones, pues su aplicación directa y estricta supondría "un auténtico suicidio económico".

Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y USO en Canarias han denunciado que tal aplicación acabará con las pymes canarias del sector, ya que dará prioridad a las grandes superficies.

Con carácter general, en opinión del CES, la transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español "representa una oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, así como para impulsar y ampliar la participación en dicha mejora de las diferentes organizaciones sindicales, empresariales, profesionales y de consumidores y usuarios, así como de las organizaciones representativas de los sectores afectados".

Las distintas normativas autonómicas de adaptación deben "tratar de impulsar el sector servicios mediante el establecimiento de los principios y disposiciones necesarios para garantizar el libre acceso y ejercicio de sus actividades, así como a través de la reducción de las trabas injustificadas o desproporcionadas a tal ejercicio, proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes intervinientes", apunta el Consejo.

Simplificación normativa

El CES valora positivamente esos objetivos en un marco de adecuada regulación de los mercados y de cohesión social y considera la implantación de una ventanilla única para todos los procedimientos y trámites una pieza fundamental en el propósito de reducción y simplificación de cargas administrativas y de procedimientos.

A su juicio, "sería deseable que, con las garantías adecuadas, la ventanilla única se fuese aplicando a los servicios excluidos del ámbito de aplicación de la norma, así como que estuviera operativa en el plazo más breve posible".

Igualmente, en lo relativo a facilitar el acceso a la información por medio de esa ventanilla única, el CES considera que las autoridades competentes deberían proveer de la asistencia técnica, la formación y el asesoramiento necesarios "para que prestatarios y destinatarios de los servicios accedan a la misma de forma clara y simple".

Asimismo, considera que, en general, la transposición al ordenamiento jurídico español de la norma comunitaria "se distancia, en ocasiones, sin suficiente justificación y omitiendo o sintetizando en exceso determinados preceptos, del literal de una Directiva cuya trabajosa y dificultosa elaboración acabó recogiendo las principales inquietudes expresadas desde los diversos ámbitos".

En este sentido, el esfuerzo de "intensificación" de los criterios de aplicación podría transformarse, según el órgano consultivo, "en una posible alteración de los contenidos de la norma europea en el ordenamiento jurídico español".