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Soria apunta a Luengo como máxima responsable de la sentencia de Tebeto

El vicepresidente del Gobierno y líder del PP canario, José Manuel Soria, apuntó ayer a la diputada del PSC Francisca Luengo como máxima responsable de la sentencia por el "caso Tebeto". Ésta era secretaria general de Industria en 1993 cuando se canceló el permiso de investigación a Canteras Cabo Verde, S.A.
22/nov/08 07:44
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EL DÍA/E.PRESS, Tenerife

Continúan pasándose la "bola" los dirigentes políticos de PP y PSC en el denominado "caso Tebeto" por el cual el Gobierno de Canarias ha sido condenado a indemnizar con algo más de 92 millones de euros a la sociedad Canteras Cabo Verde, S.A. por no reconocerle unos derechos de explotación minera en la montaña de Tebeto, en Fuerteventura.

En declaraciones a Radio El Día, José Manuel Soria afirmó que la sentencia del TSJC que condena al Gobierno a pagar 92 millones de euros tiene su origen "en la cancelación del permiso de investigación en 1993". Esa decisión, añadió Soria, fue firmada por la entonces secretaria general técnica de la Consejería de Industria, Francisca Luengo, hoy diputada socialista en el Parlamento regional.

"Y esto ocurre en 1993 no por casualidad; es el año en que por toda España corrían todos los escándalos más profundos y enormes que se recuerdan de nuestra democracia, años en los que el PSOE secuestraba y robaba a mansalva", afirmó José Manuel Soria. "Francisca Luengo tiene aún hoy en la cárcel a compañeros socialistas que en aquella época metieron la mano en la caja y aún hoy no la han sacado", añadió el líder del PP en las Islas.

En relación a este caso, Soria consideró que la Administración debe hacer responsables de las decisiones que se adopten "a todas las personas que tengan que ver con esa actuación, sean políticos, funcionarios, técnicos o lo que sean". En este sentido, el dirigente popular añadió que "ya está bien de decisiones que cuestan mucho dinero del erario público y que es de todos los contribuyentes".

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), a través de su portavoz, José Miguel Barragán, consideró ayer que "a tenor de cómo se desarrollaron los hechos, el que se ha llamado caso Tebeto debería llamarse en realidad caso Luengo", puesto que, a juicio del portavoz nacionalista, el origen de la indemnización millonaria a la que tiene que hacer frente el Gobierno de Canarias si los tribunales no dicen lo contrario son las actuaciones que la ahora diputada regional realizara cuando era secretaria general técnica de la Consejería de Industria durante el Gobierno de Jerónimo Saavedra.

"Lo que advierte de forma clara la sentencia ahora recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Supremo es que todo nace de las actuaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria que, en ese momento, estaba en manos de Francisca Luengo", remarcó Barragán en una nota oficial del Grupo Parlamentario.

Éste añadió que "es lamentable ver cómo en vez de reconocer que cometió un error durante la tramitación del expediente traslade a las posteriores actuaciones lo que ha derivado en la mayor indemnización de la historia del Ejecutivo canario si los recursos que tiene interpuestos el Gobierno no reconducen la situación", aclaró el portavoz de Coalición Canaria.

Para Barragán, "ya se verá en el pleno quiénes son los verdaderos culpables de este asunto y cuál es el verdadero origen de este problema, porque no vamos a permitir bajo ningún concepto que los socialistas intenten convertir el peor caso de corrupción de Canarias en un problema que precisamente generaron ellos".

La diputada socialista Francisca Luengo aseveró el pasado martes en rueda de prensa en el Parlamento que la resolución para la explotación minera de la montaña de Tebeto (Fuerteventura) había sido "un atraco a la hacienda pública en forma de sentencia", al argumentar que fue en 2004 -con Luis Soria (PP) como consejero de Industria- cuando se otorgó la "concesión", a pesar de que el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura no lo permitía y se eludía la ley de Minas de 1969, que exige un estudio de impacto ambiental en la zona donde estaban previstas las actuaciones.

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