AGENCIAS, Madrid
El Gobierno desvinculó ayer la causa judicial en la que se investigaban las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo de la iniciativa de los familiares para recuperar los restos de sus allegados y se comprometió a facilitarles todos los medios que necesiten.
En esta línea, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que el Gobierno "seguirá trabajando" para aportar "todos los medios" a "los familiares que busquen a los suyos en las fosas". Además, el Gobierno ultima un borrador de protocolo para homologar la forma en que se realizan las exhumaciones, que será enviado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias para consensuar un texto único.
También la Junta de Andalucía se comprometió a atender las demandas de exhumaciones. Así, la consejera andaluza de Justicia, Evangelina Naranjo, recalcó que, "con independencia" de la decisión que adopten los tribunales, se irá "atendiendo poco a poco" las demandas que planteen los familiares de las víctimas, activando los protocolos necesarios para la exhumación de los cadáveres.
La solución apuntada por la Administración central y por la autonómica es la más viable para que los familiares de los desaparecidos recuperen sus cuerpos, a juzgar por las declaraciones efectuadas hoy por varios presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que coinciden en que resultará difícil mantener abierta la causa "si los autores de los delitos están muertos".
La decisión de Garzón no ha sentado mal en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que aunque el martes la calificó de "decepcionante", ayer afirmó que es "la más acertada" para evitar la paralización del proceso. Aún así, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica mantendrán una reunión el sábado para decidir si recurren la última decisión del juez o si presentan nuevas actuaciones en su juzgado antes de que el auto adquiera firmeza, es decir, el próximo martes, fecha en la que expira el plazo.
Por otro lado, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seguirá analizando el incidente de competencia que el fiscal Javier Zaragoza planteó al declararse Garzón competente para investigar las desapariciones, a pesar de que éste acordara inhibirse.
Por último, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, desató la polémica al afirmar que el PSOE "tiene un pasado violento" y mientras en sus sedes hay imágenes de los líderes de la República, en las del PP, "a pesar de ser acusados de franquistas, no hay una foto franquista, ni de la CEDA, ni de Gil-Robles". "No se debe rehuir el debate ideológico, pero decir que vamos a mirar hacia el futuro nos ha hecho caer en la trampa de nuestros adversarios que quieren que aparezcamos como franquistas", recalcó.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
