Residencias ilegales para ancianos

CON ALGUNA frecuencia -más de lo deseable- los medios de comunicación se hacen eco de la existencia de alguna residencia de ancianos privada que ha sido clausurada por no tener la preceptiva licencia para desempeñar el cometido de asistencia a las personas mayores allí alojadas, o por no cumplir lo preceptuado para esta clase de centros.

En verdad, resulta sorprendente y penoso que puedan existir personas que hagan de la salud, cuidado y bienestar de los ancianos un negocio de pingües beneficios al infringir la normativa que regula el funcionamiento de estos centros de acogida. No existen cifras fiables de las residencias de ancianos en situación ilegal que funcionan en España, toda vez que la localización de estos centros, dada su condición de clandestinos, resulta muy difícil, al no tener una identificación clara y a que su propagación se hace boca a boca. Por consiguiente, lo preocupante es que este es un negocio que está proliferando debido a que el envejecimiento de la población constituye un reclamo muy apetecido para empresarios sin demasiados escrúpulos.

Los centros geriátricos "piratas", además de trabajar sin licencia, suelen tener sobreocupación, carecen de suficiente personal especializado y dan un servicio deficiente a los ancianos alojados al mantenerlos en condiciones de hacinamiento. En muchos casos, la ilegalidad de estas residencias es puramente administrativa. En otros, las condiciones de vida y de trato que sufren los ancianos las convierten en pequeños infiernos, aunque en algunas ocasiones se unen los dos factores, es decir, residencias que no tienen los papeles en regla y que además, maltratan a los ancianos: les gritan, les pegan, les humillan, no les asean debidamente, etc.

Las familias que deben ingresar a un anciano en una residencia para su atención deben cerciorarse de que la instalación dispone de la autorización pertinente y de los cuidados que prestan a los mismos. Ante los casos de mala praxis, se debe actuar con toda la contundencia que permite la ley. Por su parte, la Consejería de Bienestar Social o los organismos públicos competentes, además de evaluar el cumplimiento de la normativa legal, pueden y deben asesorar sobre la calidad del servicio que prestan estos centros, trabajadores que deben tener y su titulación, además de implantar un plan de calidad e inspecciones sistemáticas, no sólo cuando se actúa a raíz de denuncias, que es lo habitual dada la clandestinidad de estos centros ilegales, sino con carácter periódico.

La Consejería de Bienestar Social debe ser, también, inflexible con las residencias que no cumplen los requisitos de legalidad, y no digamos nada con las de mala atención o trato indigno a los ancianos. La presencia de estas residencias "piratas" revela que, aunque existen instrumentos legales válidos para controlarlas, deben robustecerse los mecanismos de inspección. Y esto es una cuestión de voluntad política que choca con un problema de fondo derivado del exceso de demandas de internamiento en estos centros. Cuando la oferta de plazas públicas y concertadas no cubre las peticiones de las familias, es normal que éstos recurran a las residencias privadas legales, que en su mayoría son excelentes, pero si las condiciones económicas son muy onerosas para las economías familiares, se acaba tocando a la puerta de un supuesto empresario que habilita un espacio para acoger a los ancianos. El afianzamiento del modelo de familia nuclear y la relajación del resto de vínculos parentales, unido a las distancias geográficas creadas entre familiares por las exigencias del mercado de trabajo, son factores que coadyuvan al desamparo de los ancianos.

En resumen, la población española envejece cada vez más, por lo que puede asegurarse que la demanda de centros geriátricos va a ser creciente. Así pues, se hace ineludible la necesidad de construir más residencias públicas, como también extender el sistema de conciertos con las privadas, porque la asistencia a domicilio, los centros de día y el pago a los familiares por los cuidados no resuelven el problema. Residencias de ancianos sí, pero con garantías.