Bittini está dispuesto a negociar la indemnización por el "caso Tebeto"

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Tras 16 años de pleitos judiciales, Bittini afirmó ayer que está "cansado y aburrido", pero aún mantiene su intención de "hablar" con el Gobierno de Canarias para buscar soluciones que contenten a las dos partes, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga al Ejecutivo a abonar a Canteras Cabo Verde algo más de 92 millones de euros.

En declaraciones a EL DÍA, Bittini aseguró que ha trasladado "a los diferentes gobiernos" la intención de su empresa "de llegar a un acuerdo", pero añadió que nunca los distintos representantes del Ejecutivo han tenido interés "en sentarse" con la empresa.

"Hay muchas fórmulas para negociar en beneficio de la Comunidad Autónoma y en el nuestro propio, claro, porque no somos una ONG", dijo Bittini. Éste negó de forma tajante haber sido beneficiado por el Ejecutivo canario en ninguna legislatura. "Nunca un gobierno nos hizo un solo favor, ni el de los socialistas ni el de Coalición Canaria; hemos ganado todos los pleitos en los tribunales".

La crisis económica también pasa factura a Canteras Cabo Verde, según reconoció Bittini, quien apuntó que no quiere hacer frente a más gastos de explotación minera porque tiene enfrente al "todopoderoso enemigo" del Gobierno de Canarias, que, en su momento, "consiguió que de nuestra amplia cartera de clientes cayeran todas las instituciones públicas".

Recorrido del expediente

En un recorrido resumido de todo este complicado expediente, Bittini dijo que en 1993 el Gobierno (PSC) no quiso "que nosotros explotásemos esa cantera de Tebeto y dio el permiso a Canterías de Arucas". El empresario, sin embargo, no quiso entrar en los motivos que tuvo el Gobierno para llevar a cabo esa acción.

Cabo Verde recurrió esa decisión y no obtuvo fallo hasta 1998. Ese año el Tribunal Supremo "le dice a la Comunidad Autónoma que debe continuar con el expediente" de esta empresa. Sin embargo, esa sentencia de 1998 tardó en ejecutarse porque, según Bittini, los diferentes responsables de la Consejería de Industria "estuvieron mareando la perdiz para no darnos la concesión". Finalmente, Luis Soria (PP) como consejero concede a Cabo Verde en 2004 el permiso de explotación, "pero nos dice que no podemos llevarlo a cabo porque esa zona está protegida".

Para Bittini, el Gobierno "confió" en un informe del Cabildo de Fuerteventura que justificaba la imposibilidad de explotar Tebeto por ese plan de protección, "pero se guardó el importante dato de que las normas subsidiarias de La Oliva -término municipal en que se encuentra esta montaña- estaban anuladas por una sentencia del Tribunal Supremo". En ese momento el consejero de Medio Ambiente del Cabildo majorero era Domingo Berriel, actual consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

El empresario señaló como una de las claves de todo este asunto que el Parlamento había aprobado una ley de protección del entorno de Tindaya (cercana a Tebeto) por la cual no se podía realizar ninguna extracción a tres kilómetros alrededor de la famosa montaña ni en todo su poniente, justo donde está situada Tebeto. "Pero ninguna ley tiene carácter retroactivo en ningún estado de derecho", afirmó Bittini, quien recordó que su empresa tenía derechos de explotación anteriores a esa ley. Ese es el motivo por el cual Cabo Verde reclamó daños y perjuicios (104 millones de euros) en 2006 por el lucro cesante de actividad que, finalmente, el TSJC estimó en una cantidad menor, 92.295.312 euros.

Además, explicó que el cálculo de esa cuantía económica se basa en la ley de expropiación forzosa en casos de yacimientos mineros.

Por su parte, el consejero de Industria del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, afirmó ayer en los pasillos del Parlamento que revisar de oficio la orden de 2004 realizada por su antecesor en el cargo, Luis Soria (PP), como le reclama el PSC, "no exime de responsabilidad patrimonial al Gobierno". Rodríguez está convencido de que el error que ha provocado todo este expediente parte del Gobierno socialista de 1993 por haber concedido el permiso de explotación de esta zona a Canterías de Arucas cuando aún no había caducado oficialmente el permiso de investigación que tenía Canteras Cabo Verde.