AGENCIAS, Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declaró ayer extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos de su régimen por fallecimiento y remitió la causa que abrió el pasado 16 de octubre para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes.
Según un auto hecho público ayer, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos y policial que creó con objeto de investigar el paradero de los enterramientos.
Pretende así "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
La decisión del magistrado supone el cierre de la investigación por parte de la Audiencia Nacional después de que se declarara competente para investigar las desapariciones y muertes sucedidas durante el citado periodo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
No obstante, recordó al poder judicial que tiene "la obligación" de investigar las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de menores de edad durante los años del franquismo, "cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".
Al respecto, apunta que olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación "sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y esto, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional".
Según fuentes jurídicas, la decisión se Garzón supone la paralización del incidente de competencia planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Pleno de la Sala de lo Penal.
Después de permanecer unas semanas de baja, el magistrado debía ahora argumentar por escrito su decisión de aceptar la competencia sobre estos crímenes. No obstante, una vez que la Sala reciba comunicación de esta disposición, estas fuentes apuntaron que el incidente abierto se declarará extinto.
Al conocerse la noticia, las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica anunciaron que estudian la posibilidad de recurrir la decisión del juez, que consideran que puede estar motivada por "presiones políticas".
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseveró que "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón.
Mientras, el diputado del PSOE Juan Antonio Barrio opinó que Garzón ha actuado de esta manera porque "no ha tenido más remedio", y aprovechó para pedir al Gobierno que sea "más proactivo" en la exhumación de fosas comunes de la contienda.
En términos similares se manifestó el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, que exigió, tanto al Gobierno como a la Fiscalía General del Estado, que sean "coherentes" con la Ley de Memoria Histórica. Más allá llegó Joan Herrera, de ICV, que reclamó la creación de una Fiscalía de la Memoria Histórica.
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