Los editores recurren el sistema canario para la gratuidad de los libros de texto

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Educación del Gobierno canario que regula la gestión del sistema de adquisición gratuita de libros de texto. Este colectivo entiende que la fórmula que ha elegido el Ejecutivo regional para desarrollar esta iniciativa vulnera aspectos de normativas "básicas" como la Ley del Libro y la Ley de Propiedad Intelectual, según explicó ayer a este periódico su presidente, José Moyano.

Los reparos de este colectivo -que agrupa a una treintena de editoriales españolas- no se dirigen a los fines perseguidos por la Administración educativa autonómica, ya que Anele asegura apoyar "los sistemas de gratuidad y ayudas a las familias", sino al método empleado, que ha sido recurrido por la asociación en aquellas comunidades donde se ha implantado.

Así, los editores entienden que la orden de la Consejería de Educación del pasado 13 de junio va contra la Ley del Libro, que modifica el régimen de precios al pasar de fijo a libre, pues asume la existencia de "un comprador único" -la Administración- y distorsiona las condiciones de venta de los libros. "El modelo adecuado -señaló Moyano- consiste en la entrega de un cheque que pueda ser canjeado en las librerías".

Por otro lado, Anele considera que la reutilización de los libros atenta contra las normas relativas a la propiedad intelectual, pues "no tiene en cuenta los contratos con los autores".

Según la asociación, el préstamo de los libros de texto es una fórmula a la que se recurre en "países tercermundistas, donde no hay medios económicos ni una industria editorial potente". Entre las naciones que optan por esta modalidad, José Moyano cita a Armenia o Lesotho. Según el presidente del colectivo de editores, "una sociedad que debe mejorar sus indicadores culturales no puede tener como valor principal el de cuidar y no tocar el libro".

En propiedad

En este sentido, Moyano recuerda que en los países con mejor rendimiento escolar, caso de Finlandia, "uno de los indicadores culturales más importante consiste en tener libros en casa". Según el representante del sector editorial, los libreros "serían los primeros que optarían por un modelo de ayuda directa que permitiera a las familias disponer de los libros en propiedad".

El presidente de Anele revela que se reunió con la consejera canaria de Educación, Milagros Luis Brito, cuando ésta accedió al cargo y le recomendó los modelos que se utilizan en otras comunidades autónomas para garantizar la gratuidad de los libros de texto. "El Gobierno de Canarias debería apoyar el libro y darle la utilidad que tiene, y no tratar de sacar rédito político a corto plazo", exigió José Moyano.

La Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, la Confederación Española de Gremios, la Asociación de Empresarios del Comercio del Libro y la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza presentaron en su día contencioso contra la orden de la Consejería de Educación de 4 de abril de 2006, que regulaba la gestión de uso gratuito de libros de texto en centros públicos de la Comunidad autónoma.

Este recurso fue finalmente desestimado en una sentencia emitida el 10 de junio de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que, de esta manera, confirmaba la validez de las órdenes impugnadas.

El contencioso planteado por los editores contra la orden de este año se está tramitando actualmente. El pasado lunes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba la disposición de la Consejería de Educación mediante la que se remitía a la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJC el expediente administrativo relativo a este recurso. El Ejecutivo autónomo ha emplazado a los interesados para que se personen en el expediente y ha abierto para ello un plazo de nueve días hábiles.

Pese a las denuncias de los editores, el sistema de préstamo de los libros es el más usual de los que se emplean en España. Seis comunidades -Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia- han optado por las ayudas directas a las familias para la compra, mientras que La Rioja ha implantado un modelo mixto y el País Vasco se inclina por el alquiler.

Más de siete millones

El Gobierno de Canarias ha destinado 7,3 millones de euros a la compra de libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de enseñanza. Las ayudas se han ampliado este curso a Tercero y Cuarto de Educación Primaria y segundo ciclo de la ESO.

La adquisición de los libros se ha realizado este año en Canarias mediante una tarjeta electrónica, un sistema pionero que, sin embargo, ha generado algunas controversias. Así, el retraso en la entrega de las tarjetas para los alumnos de segundo curso de ESO -derivado, a su vez, de la demora en el ingreso de la aportación que correspondía al Ministerio de Educación- levantó airadas protestas entre colectivos de padres y equipos directivos de los centros escolares.