El PSC acusa al PP del "mayor desfalco público" en el "caso Tebeto"

25 de enero de 1982.- Concesión del permiso de investigación por vigencia de un año a Cabo Verde, S.A.

19 de julio de 1988.- Solicitud de Cabo Verde de concesión directa de explotación sobre el área de Montañetas de Tebeto, en La Oliva (Fuerteventura).

8 de enero de 1993.- Resolución de la Dirección General (D.G.) de Industria y Energía por la que se autoriza el aprovechamiento de recursos a Canterías de Arucas, S.A.

28 de enero de 1993.- Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo que declara la caducidad del permiso de investigación obtenido en 1982 por Cabo Verde por un plazo de un año. En ese momento el consejero de Industria era Andrés Calvo (PSC).

31 marzo 1993.- Nuevo Gobierno de Manuel Hermoso (ATI-CC) tras la censura a Jerónimo Saavedra (PSC).

29 de junio de 1993.- Resolución de la D.G. que desestima la solicitud de retroacción del expediente de cancelación por presentarse con posterioridad a la Orden de caducidad del permiso de investigación.

20 de julio de 1993.- Resolución de la D.G. que termina y cancela el expediente de concesión directa de explotación de Cabo Verde.

1993.- Cabo Verde interpone recurso ordinario contra la resolución que niega retrotraer el expediente de cancelación.

31 de agosto de 1993.- Cabo Verde interpone recurso ordinario contra la resolución de la D.G. de 20 de julio que termina y cancela el expediente de concesión directa.

22 de julio de 1994.- La Consejería de Industria desestima en una orden los dos recursos interpuestos por Cabo Verde.

14 de febrero de 1998.- El TSJC acuerda estimar los recursos contencioso-administrativos de Cabo Verde, con la anulación expresa de las resoluciones recurridas. En ese momento el consejero de Industria era Francisco de la Barreda (PP).

18 de noviembre de 2004.- Resolución de la D.G. por la que se otorga concesión derivada de permiso de investigación a Cabo Verde. En ese momento el consejero responsable era Luis Soria (PP).

20 de mayo de 2005.- El Cabildo de Fuerteventura realiza un informe a petición de Industria en el que justifica la imposibilidad de desarrollar la actividad extractiva autorizada.

16 de agosto de 2006.- Cabo Verde reclama 104 millones de euros como daños y perjuicios al Gobierno por lucro cesante por la explotación autorizada.

9 de agosto de 2007.- La Consejería de Industria desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Octubre de 2008.- El TSJC reconoce el derecho de la sociedad Cabo Verde a ser indemnizada por el Gobierno en la suma de 92.295.312 euros.

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Prosigue la polémica en torno a la elevada indemnización de más de 92 millones de euros que el Gobierno de Canarias deberá abonar a la sociedad Cabo Verde, S.A. por no reconocer unos derechos de explotación que tenía sobre la montaña de Tebeto (Fuerteventura), ya afectada por un plan de protección insular. La diputada socialista Francisca Luengo compareció ayer en rueda de prensa para explicar los pormenores de este expediente y limpiar el nombre de su partido en este caso, después de que el presidente del PP canario, José Manuel Soria, acusara directamente al PSC de ser responsable de esta situación cuando gobernaba en las Islas. Luengo aseguró que esta situación supone "el mayor desfalco de la hacienda pública de la historia democrática de las comunidades autónomas".

Acusó también al Gobierno de no haber cumplido con su defensa del interés general en dos ocasiones durante la tramitación de todo este expediente y anunció que aún hay una fórmula para evitar que las arcas de la Comunidad Autónoma tengan que hacer frente a este pago. Se trata, explicó, de que el Ejecutivo "revise de oficio" la resolución de Industria, bajo el mando entonces de Luis Soria, por la que se otorgó en 2004 la concesión directa a Cabo Verde en una zona protegida por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). Criticó que Soria otorgara este permiso a pesar de conocer el PIOF y en contra de la Ley de Minas, que exige un estudio previo de impacto ambiental para actividades extractivas y que no se elaboró, según la diputada. "La actuación del Gobierno, y en especial del PP, en defensa de los intereses generales ha sido nefasta", afirmó.

Corrupción

Para el PSC, que se reserva una carta para el próximo pleno del Parlamento en relación con este asunto, "éste es un clarísimo supuesto caso de corrupción". Francisca Luengo señaló que los más de 92 millones de euros que el Gobierno tendrá que pagar si no logra la revisión de oficio de la concesión a Cabo Verde suponen el 1 por ciento del PIB de Canarias, el 2 por ciento de los presupuestos de este año 2008 y todo el incremento presupuestario de 2009 con respecto a este ejercicio. Asimismo, dijo que el Ejecutivo no solicitó nunca "prueba pericial contradictoria" alguna para contrarrestar la cantidad que pedía Cabo Verde por lucro cesante de actividad, por lo que "el Gobierno ha dado por buena la cantidad que le reclama la empresa", afirmó.

"Esto tiene la apariencia de un asunto jurídico, pero en realidad supone la defensa de intereses particulares", criticó Luengo, quien insinuó que su partido estudiará llevar este caso a la Fiscalía Anticorrupción.

Francisca Luengo explicó que la participación de su formación en este expediente se limitó a constatar en enero de 1993 la caducidad del permiso de investigación concedido, por un año, en 1982 a Cabo Verde, y a adjudicar ese mismo mes, tras concurso, un permiso de concesión directa de explotación minera a Canterías de Arucas.

La diputada socialista insistió en que el representante legal de Cabo Verde, Rafael Bittini, nunca recurrió la caducidad del permiso de investigación, sino las resoluciones de Industria en las que se cancela a Cabo Verde la posibilidad de continuar con el expediente de concesión directa. Y eso, dijo Luengo, es responsabilidad del PP.