Derribar Los Tarajales supondría una indemnización de 10 millones

M.CH., Tazacorte

Si el Ayuntamiento de Tazacorte pierde la disputa judicial abierta en torno al edificio residencial de Los Tarajales y la ampliación de la zona de protección del dominio público marítimo costero de El Puerto, extendida hasta los 100 metros en julio de 2007 por parte del Ministerio de Medio Ambiente, podría tener que enfrentarse a un duro revés económico que sería insalvable para una corporación local que gestiona los recursos públicos de un pueblo de casi 6.000 habitantes, con un presupuesto de apenas 8 millones de euros. Eso, siempre que se estipule que el Consistorio bagañete es el que debe responsabilizarse de esta actuación, en la que también ha participado, con el visto bueno de la Cotmac, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

Por el momento no queda muy claro qué Administración sería la última responsable de que el edificio se haya construido con los correspondientes permisos de obras y autorizaciones urbanísticas sobre un suelo que se ha recogido como urbano en el recientemente aprobado PGO, pero que contaba con una sentencia del Tribunal Supremo que dice todo lo contrario. En cualquier caso, si la justicia decide que ese edificio de viviendas no debería estar ahí, la responsabilidad patrimonial sobre el mismo, en caso de reclamarse una indemnización por parte de su promotor podría superar los 10 millones de euros, según el resultado de los cálculos realizados sobre la inversión que se ha hecho y el valor del negocio sujeto a la venta de las viviendas, garajes y locales construidos.

La promotora del edificio residencial de Los Tarajales, edificado en el litoral de El Puerto de Tazacorte, junto a la Avenida del Emigrante, ha terminado ya las obras de edificación del inmueble y tendrá que recibir los permisos para habitarlo. Los trabajos no se han parado pese a la disputa administrativa y judicial abierta y después de dos años las viviendas están listas para recibir a sus primeros inquilinos.

Inversión más negocio.- Una posible indemnización administrativa por haber permitido edificar el complejo de viviendas de lujo, en caso de certificarse su ilegalidad, sumaría la inversión realizada por Diursa, que no se ha hecho pública por parte de la empresa y que ha superado los 2,2 millones de euros (de los que el 5%, un total de 108.000 euros se pagaron como licencia de obras), y la cifra que resultaría de la venta de las viviendas, garajes y locales comerciales. Esta cantidad por sí sola asciende a casi 8 millones de euros, teniendo en cuanta que el precio de cada vivienda en el mercado inmobiliario ronda los 300.000 euros, a unos 3.600 euros el metro cuadrado. La más barata, con 77 metros ya se ha vendido a 245.000 euros.

En cuanto a la aportación del edificio a la economía local, además del cobro de la licencia (ya realizado) se ha estipulado, en un informe económico del propio ayuntamiento al que ha tenido acceso EL DÍA, que entre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de vehículos, tasas de vados y los puestos comerciales, entre otros, las cuentas municipales podrían percibir anualmente más de 50.000 euros de beneficio, a lo que se sumaría el repercusión económica que generarían las 24 nuevas familias que pasarían a ser habitantes de la localidad.

Fuera de ordenación.- La otra situación posible, que no se descarta por parte de la Administración local, es que el edificio construido quede fuera de ordenación, dentro de la franja de protección del dominio público dependiente de la Dirección General de Costas.

En este caso, tal y como recoge la legislación, las parcelas y edificaciones incluidas en el espacio de protección sólo admiten usos tradicionales, no se pueden edificar ni ampliar, un concepto que parece contrario a la reciente edificación del edificio. Así, si la Administración lo considera necesario, podría expropiar.