CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
La Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco) y los sindicatos CCOO, UGT y USO se oponen al borrador de la nueva ley comercial canaria propuesto por la Dirección General de Comercio, que servirá para transponer en las Islas la directiva de liberalización de los servicios, también conocida como Bolkestein, que implica, entre otros aspectos, la eliminación en la Unión Europea (UE) de las barreras legales a la implantación de los grandes comercios. El director de los Servicios Jurídicos de Fedeco, Carlos Ravelo, anuncia que su organización presentará un texto alternativo que apostará por el mantenimiento en Canarias de los criterios restrictivos recogidos en la ley actual sobre la apertura de estos establecimientos.
Además, Fedeco pedirá a los grupos parlamentarios, junto con la patronal del pequeño comercio de Las Palmas y las Cámaras de Comercio de las Islas, que soliciten al Estado que acuda al Consejo Europeo para pedir la excepcionalidad de la aplicación de la directiva Bolkestein en el ámbito comercial en Canarias y, de forma subsidiaria, su aplicación "disminuida". Con este paso, buscan introducir en el debate "los factores económicos y sociales que describen la situación del comercio en la actualidad", para lo que se apoyarán en el informe elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL) sobre la ley comunitaria.
En contraste, el secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican), Alonso Fernández, cree que la directiva "tiene aspectos positivos", si bien matiza que "las particularidades de las Islas obligan a diseñar su transposición con exquisito cuidado" para preservar tanto los intereses de los consumidores como los de los comerciantes.
"Los supermercados ya nos vimos afectados antes con la llegada de las grandes superficies, pero los que se adaptaron al cambio no sólo crecieron, sino que ahora están por delante de los grandes establecimientos en la preferencia de compra, por lo que la apertura benefició tanto a los empresarios como al público".
Fernández recuerda que la directiva entrará en vigor en enero de 2010, "por lo que no hay tiempo que perder", y descarta presentar un texto nuevo. "Lo más conveniente es abrir pronto el diálogo y hacer las alegaciones que cada subsector considere oportunas sobre el texto que elaboró el Gobierno".
El secretario regional de USO, José Ramón Rodríguez, ratifica la oposición sindical al texto, si bien admite que su actual redacción "suprime los elementos más duros de la directiva Bolkestein".
En todo caso, insiste en que contempla aspectos "perniciosos" para los trabajadores, como la ampliación de los días de trabajo y los horarios laborables, además de "abrir la puerta a las grandes superficies". Es verdad, añade, "que no significa barra libre para el desembarco de todos los establecimientos, pero también es cierto que supone una desmejora frente a la actual legislación".
Fedeco califica el texto de "conjunto de despropósitos" y apunta que "los nuevos criterios propuestos, a diferencia de los actuales, son subjetivos y arbitrarios". Su texto es "una carta blanca a promotores inmobiliarios y multinacionales".
Cabrera rechaza que el texto propuesto abra la puerta a la llegada indiscriminada de grandes establecimientos. "Su implantación estará restringida por la planificación territorial, que fijará dónde pueden situarse, además de que deben cumplir con los requisitos de esta ley para obtener la licencia comercial que fijará su extensión máxima".
Atenuarla por la población
La ley comercial canaria vigente restringe la apertura de grandes superficies, centros comerciales y otros establecimientos en función de criterios de población y densidad y exige, para la aprobación de nuevos locales, un informe económico y social del impacto que pueden originar en el territorio donde se sitúen.
Ravelo, consciente de que la directiva impide la aplicación de restricciones de carácter económico, alega que bastaría con suprimir la exigencia del informe en la nueva ley para mantener el resto de los criterios proteccionistas actuales.
Arturo Cabrera, que se muestra receptivo a introducir criterios restrictivos a la liberalización de los servicios derivados de la población, "porque así está recogido" en la directiva comunitaria, en cambio descarta la posibilidad de mantener las limitaciones vigentes, que "son imposibles de recoger".
El borrador, añade, "ya incorpora una importante atenuación de la directiva, dentro de los límites permitidos por Bruselas, tras haber sido consensuado con el Estado para asegurar su viabilidad".
Cabrera reconoce que el documento de trabajo presentado por su departamento "puede mejorarse", pero advierte de que su matización debe efectuarse "en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia directiva, que es de obligado cumplimiento en toda la UE". Por este motivo, el Gobierno canario está programando reuniones con las federaciones de municipios y la de cabildos y "todos los implicados económicos y sociales".
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